1976: Colombia aprueba el divorcio para el matrimonio civil

¿Qué situación había antes de 1976?

Antes de 1976 el derecho colombiano no admitía el divorcio con disolución del vínculo: los matrimonios, civiles o católicos, solo terminaban por la muerte de uno de los cónyuges, y los divorcios que los colombianos obtenían en el extranjero no producían efectos en el país ^[2]. Un estudio publicado por la Universidad de Antioquia recuerda que el divorcio vincular había existido apenas durante un breve período a mediados del siglo XIX, y que luego desapareció del ordenamiento ^[2].

El marco lo fijaba la relación entre el Estado y la Iglesia católica. El Concordato de 1887, aprobado por la Ley 35 de 1888, reconocía efectos civiles a los matrimonios celebrados según el rito católico, y las leyes 57 y 153 de 1887 dieron validez civil, incluso retroactiva, a esos matrimonios ^[2]. La Ley 54 de 1924, conocida como Ley Concha, obligaba al católico que quisiera casarse solo por lo civil a presentar ante un juez una declaración escrita de apostasía y a esperar un mes ^[2].

Quedaba además el problema de las segundas uniones celebradas fuera del país. El Código Judicial de 1931 negaba reconocimiento a los divorcios extranjeros, regla que rigió hasta el 30 de junio de 1971, y el matrimonio civil de los colombianos se regía por la ley colombiana, por lo que un divorcio obtenido afuera no los liberaba del vínculo ^[2]. El mismo trabajo cita entre los motivos del gobierno la difusión de segundos matrimonios civiles celebrados en el exterior por colombianos que aún tenían un vínculo anterior, además de una promesa de campaña del presidente ^[2].

El nuevo Concordato con la Santa Sede, aprobado por la Ley 20 de 1974 y en vigor desde el canje de ratificaciones, el 2 de julio de 1975, hizo opcionales los efectos civiles del matrimonio católico y derogó la Ley 54 de 1924, de modo que el matrimonio civil dejó de exigir apostasía ^[2]. Con ese paso, la reforma del divorcio quedó a pocos meses de distancia.

Cronología

1. 1887Concordato con la Santa Sede (Ley 35 de 1888): efectos civiles del matrimonio católico.
2. 1924Ley 54, «Ley Concha»: el católico que se casa por lo civil debe presentar una declaración de apostasía.
3. 1975El nuevo Concordato (Ley 20 de 1974) entra en vigor el 2 de julio y hace opcionales los efectos civiles del matrimonio católico.
4. 1976Ley 1 del 19 de enero: divorcio del matrimonio civil, con nueve causales (Diario Oficial del 18 de febrero).
5. 1992Ley 25 del 17 de diciembre: cesación de efectos civiles del matrimonio religioso y nueva redacción del artículo 154 (nueve causales).
6. 2000Sentencia C-660: la Corte declara inexequible la exclusión por consentimiento o perdón de las relaciones extramatrimoniales.
7. 2005Sentencia C-821 (9 de agosto): la Corte declara exequible la causal de relaciones sexuales extramatrimoniales.
8. 27 de diciembre de 2024Ley 2442 («divorcio exprés»): añade una décima causal, la voluntad de cualquiera de los cónyuges, y suprime el plazo de un año para invocar las causales.

¿Qué estableció la Ley 1 de 1976?

La Ley 1 del 19 de enero de 1976 estableció el divorcio en el matrimonio civil, reguló la separación de cuerpos y de bienes y modificó disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil ^[1]. Se publicó en el Diario Oficial número 34.492, del 18 de febrero de 1976, y tiene 31 artículos ^[1]. Su artículo 29 la limitó a los matrimonios civiles, mientras que la separación de cuerpos y de bienes se aplicó también a los católicos ^[1].

Esa limitación fue deliberada. El estudio de la Universidad de Antioquia subraya que el texto aprobado hablaba de disolución del matrimonio civil y no de cesación de los efectos civiles del matrimonio, y que algunos legisladores habían querido extender el divorcio al católico sin lograrlo ^[2]. En consecuencia, un matrimonio celebrado por la Iglesia continuó siendo indisoluble para el Estado, igual que para el derecho canónico ^[2].

El artículo 4 fijó nueve causales de divorcio. Eran las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, el incumplimiento grave de los deberes de esposo o de padre, los ultrajes y el maltrato, la embriaguez habitual, la adicción a drogas, la enfermedad grave e incurable, las conductas dirigidas a corromper o pervertir al cónyuge o a los hijos, la separación de cuerpos decretada judicialmente durante más de dos años y la condena a prisión de más de cuatro años por un delito común considerado infamante ^[1].

La ley organizó también un sistema de plazos. Solo podía demandar el cónyuge inocente, y para las causales primera y séptima el término era de un año desde que supo de los hechos, sin poder invocarlas pasados dos años de ocurridos ^[1]. Las causales de incumplimiento, maltrato y adicciones se debían alegar dentro del año siguiente a los hechos, y ninguna se podía probar solo con la confesión de los cónyuges ^[1]. Esos límites muestran un modelo de divorcio como sanción por una falta, más que como un derecho a terminar el matrimonio.

¿Por qué la primera causal eran las relaciones extramatrimoniales?

La primera causal eran las relaciones sexuales extramatrimoniales porque el divorcio de 1976 se concibió como el castigo civil de una violación de los deberes del matrimonio, y la fidelidad era el más inmediato de esos deberes. El texto de la Ley 1 permitía demandar por esa causa «salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado», y presumía las relaciones cuando uno de los cónyuges contraía un nuevo matrimonio, fuera cual fuera su forma o validez ^[1].

El diseño reflejaba una lógica de culpa. Quien demandaba debía presentarse como cónyuge inocente, y la sentencia lo colocaba frente al culpable en cuestiones de alimentos, donaciones y herencia. La Ley 1 permitía al inocente revocar donaciones hechas al culpable por las causas del artículo 12, y exigía al culpable pagar alimentos al cónyuge divorciado o separado que no hubiera dado lugar a la ruptura ^[1]. Además, los divorciados perdían los derechos de cónyuge sobreviviente en la sucesión ^[1].

La Corte Constitucional describió más tarde esa estructura con el concepto de causales subjetivas. En la sentencia C-821 de 2005 explicó que son aquellas que exigen al cónyuge inocente probar la falta en el proceso, y sostuvo que la fidelidad es una obligación central del matrimonio, de manera que la causal protege a la familia y los derechos del cónyuge afectado ^[4]. La Corte añadió que los límites a la libertad sexual dentro del matrimonio son constitucionales porque provienen de un compromiso voluntario ^[4].

Para ver cómo se aplica hoy la infidelidad como causal, puede consultarse la infidelidad como causal de divorcio en Colombia. Esa página trata el régimen actual de la causal.

¿Qué cambió la Ley 25 de 1992?

La Ley 25 del 17 de diciembre de 1992, publicada en el Diario Oficial número 40.693, extendió el divorcio a los matrimonios religiosos mediante la figura de la cesación de efectos civiles y dio al artículo 154 del Código Civil la redacción que tuvo hasta 2024 ^[3]. Desarrolló los incisos 9 a 13 del artículo 42 de la Constitución de 1991, que reconoce efectos civiles a los matrimonios religiosos en los términos que establezca la ley ^[3][4]. Su artículo 5 reformó el artículo 152 del Código Civil: el matrimonio civil termina por muerte o por divorcio judicial, y los efectos civiles del religioso terminan por el divorcio decretado por un juez de familia, mientras el vínculo religioso sigue regido por los cánones de cada confesión ^[3].

Así se cerró la diferencia creada en 1976. El católico que se casaba por la Iglesia ya no quedaba atado para siempre desde el punto de vista del Estado, aunque el matrimonio sacramental seguía siendo indisoluble para la Iglesia. Para las consecuencias de esa distinción puede verse el matrimonio canónico y sus efectos civiles en España, que ofrece un punto de comparación.

El artículo 6 de la Ley 25 fijó nueve causales. Conservó la relación extramatrimonial como numeral primero, con el mismo contenido de fondo, y reemplazó la condena penal del artículo 4 de 1976 por el consentimiento de ambos cónyuges, expresado ante el juez y reconocido en sentencia, como noveno numeral ^[3]. Eso añadió una vía de mutuo acuerdo que antes no existía. El artículo 12 estableció que las causales se aplican a todos los matrimonios, celebrados antes o después de la ley, y el artículo 15 derogó el artículo 5 de la Ley 1 de 1976 ^[3].

El texto de 1992 no mantuvo intacta la primera causal. La parte que excluía el divorcio cuando el demandante hubiera consentido, facilitado o perdonado las relaciones fue declarada inexequible en la sentencia C-660 de 2000, de la Corte Constitucional ^[4]. Desde entonces el numeral primero del artículo 154 habla simplemente de las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges ^[5].

¿Cómo ha evolucionado el debate desde entonces?

El debate se desplazó de la culpa hacia las vías sin culpa, sin eliminar del todo la primera. La Corte Constitucional examinó en la sentencia C-821, del 9 de agosto de 2005, una demanda contra el numeral primero del artículo 6 de la Ley 25, presentada por un ciudadano que invocaba, entre otros, los artículos 16 y 42 de la Constitución, y declaró la norma exequible ^[4]. Dos magistrados, Jaime Araujo Rentería y Manuel José Cepeda Espinosa, salvaron su voto ^[4].

Entre los argumentos de la Corte figuraba que el matrimonio y la unión marital de hecho no son equivalentes, de modo que limitar la causal al matrimonio no es discriminatorio ^[4]. La unión marital de hecho está regulada por la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005 ^[4].

En junio de 2017 la Corte volvió sobre el tema al examinar el artículo 156 del Código Civil, que solo permite pedir el divorcio al cónyuge que no dio lugar a él. Según el relato de Semana, rechazó los argumentos de la demanda y mantuvo la norma, recordando que no se puede obligar a los cónyuges a mantener el vínculo de por vida ^[6]. El mismo medio resume las salidas que entonces quedaban al cónyuge infiel: pedir el divorcio tras dos años de separación de cuerpos, de hecho, o acordarlo con su pareja, con un trámite que puede hacerse ante notario ^[6].

La lista del artículo 154, tal como la reproduce una notaría de Bogotá, mantiene las nueve causales de 1992: relaciones extramatrimoniales, incumplimiento grave de deberes, ultrajes y maltrato, embriaguez habitual, adicción, enfermedad grave e incurable, conductas corruptoras, separación de más de dos años y consentimiento de ambos ^[5]. Esa página es de 2020, con una modificación en 2021, y es anterior a la última reforma: la Ley 2442, del 27 de diciembre de 2024, el llamado «divorcio exprés», añadió una décima causal, la voluntad de cualquiera de los cónyuges, y suprimió el plazo de un año para invocar las causales. Ese dato procede del análisis jurídico de la misma colección, la infidelidad como causal de divorcio en Colombia, y no se contrastó aquí con el texto de la ley; quien necesite la redacción vigente debería consultar la norma consolidada.

Para los datos sociales que acompañan este cambio legal, entre ellos la proporción de hijos nacidos fuera del matrimonio en la región, está disponible nacimientos fuera del matrimonio en América Latina. El divorcio de 1976 puede verse, en ese sentido, como el primer paso de un proceso por el que el derecho colombiano fue separando el vínculo civil de la doctrina religiosa.

Preguntas frecuentes

¿Antes de 1976 se podía divorciar un matrimonio católico en Colombia?

No. Antes de 1976 no existía en Colombia el divorcio con disolución del vínculo, y después de 1976 el matrimonio católico siguió siendo indisoluble para el Estado, porque la Ley 1 se aplicaba solo a los matrimonios civiles ^[1][2]. Recién la Ley 25 de 1992 permitió que un juez de familia declarara la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso ^[3].

¿Qué pasaba si el cónyuge perdonaba la infidelidad?

Si el demandante había consentido, facilitado o perdonado las relaciones, la Ley 1 de 1976 no admitía el divorcio por esa causal ^[1]. La Ley 25 de 1992 repitió la regla, pero la Corte Constitucional declaró inexequible esa exclusión en la sentencia C-660 de 2000 ^[4]. Además, la ley fijaba un año desde que se supo de los hechos para demandar ^[1].

¿Cuántas causales de divorcio había en 1976?

Había nueve. El artículo 4 de la Ley 1 de 1976 incluía desde las relaciones sexuales extramatrimoniales y los ultrajes hasta la embriaguez habitual, las adicciones, la enfermedad grave, la corrupción del cónyuge, la separación de cuerpos de más de dos años y la condena a prisión de más de cuatro años ^[1].

¿Existe el divorcio sin causa en Colombia?

Hasta 2024 la lista del artículo 154 no incluía un divorcio unilateral sin causa, pero sí había vías en las que nadie debía probar la culpa del otro: el consentimiento de ambos cónyuges, ante un juez, y la separación de cuerpos, judicial o de hecho, de más de dos años ^[3][5]; la prensa recuerda además que el trámite de mutuo acuerdo puede hacerse ante notario ^[6]. La Ley 2442 de 2024 añadió una décima causal, la voluntad de cualquiera de los cónyuges, que equivale en la práctica a un divorcio sin necesidad de probar una falta; se cita sin contrastar con el texto de la ley.

¿Quién puede pedir el divorcio por infidelidad?

Solo puede pedirlo el cónyuge que no dio lugar a la causal. Esa regla estaba en la Ley 1 de 1976 ^[1] y figura en el artículo 156 del Código Civil, que la Corte Constitucional mantuvo en 2017 ^[6]. El cónyuge infiel tenía, en cambio, la separación prolongada o el acuerdo ^[6], y desde la Ley 2442 de 2024 puede invocar también la voluntad de cualquiera de los cónyuges.

¿Qué dijo la Corte Constitucional sobre la infidelidad como causal?

En la sentencia C-821 del 9 de agosto de 2005 declaró exequible la causal de relaciones sexuales extramatrimoniales. Sostuvo que la fidelidad es un deber central del matrimonio y que limitar la libertad sexual es constitucional porque deriva de un compromiso voluntario ^[4].