Un delito desigual: el adulterio en el Código Penal argentino

¿Qué castigaba el artículo 118 del Código Penal?

El artículo 118 del Código Penal castigaba el adulterio con prisión de un mes a un año, y alcanzaba a cuatro personas: la esposa adúltera, su cómplice, el marido que mantenía una manceba y la propia manceba ^[2][3]. El Código, aprobado por la Ley 11.179 en 1921 y vigente desde 1922, lo incluía entre los delitos contra la honestidad, que más tarde se rebautizarían como delitos contra la integridad sexual ^[2][7]. Los autores consultados señalan que el bien protegido era la fidelidad conyugal recíproca y, de manera más amplia, el orden familiar ^[3].

La redacción no era simétrica. Para la mujer casada bastaba una sola relación sexual con un hombre distinto de su marido, sin importar dónde ni cuántas veces ocurriera ^[1][2]. Para el marido, en cambio, el delito exigía mantener una manceba, es decir, un trato continuado con la misma mujer, dentro o fuera del hogar conyugal ^[1][2].

El adulterio era además un delito de acción privada. Conforme al artículo 73 del Código, el proceso solo podía iniciarse por querella de la persona legitimada, y el artículo 74 determinaba quiénes podían instar la acción ^[3]. Eso significaba que el Estado no perseguía de oficio la infidelidad: dependía de que el cónyuge ofendido quisiera llevar el asunto a un tribunal, y eso suponía exponer la vida íntima del matrimonio ante un tribunal.

Conviene distinguir este delito de la fornicación en sentido estricto, es decir, de las relaciones entre personas no casadas. El Código argentino de 1921 no castigaba esas relaciones cuando eran consentidas entre adultos. Lo que sancionaba era la ruptura de la fidelidad dentro de un matrimonio válido, por lo que el artículo 118 pertenece a la historia del control de la sexualidad ligada al vínculo conyugal y no a la de la sexualidad fuera del matrimonio como tal.

Cronología

1. 1921Ley 11.179: el Código Penal castiga en su artículo 118 el adulterio con prisión de un mes a un año.
2. 1947Ley 13.010 del voto femenino (sancionada el 9 de septiembre, promulgada el 23).
3. 1986Caso Sejean: la Corte Suprema declara inconstitucional, por 3 votos contra 2, la indisolubilidad del matrimonio.
4. 1987Ley 23.515: el divorcio vincular (sancionada el 8 de junio, publicada en el Boletín Oficial el 12 de junio).
5. 1995Ley 24.453: derogación de los artículos 118 y 74 del Código Penal (sancionada el 8 de febrero, publicada en el Boletín Oficial el 7 de marzo de 1995).
6. 1999Ley 25.087: los delitos contra la honestidad pasan a ser delitos contra la integridad sexual.
7. 2015El Código Civil y Comercial entra en vigor el 1 de agosto (Ley 27.077); habla de un deber moral de fidelidad y admite el divorcio sin causa.

¿Por qué trataba distinto a hombres y mujeres?

El artículo 118 trataba distinto a hombres y mujeres porque reflejaba una concepción del matrimonio en la que la infidelidad de la esposa se consideraba más grave que la del marido. Un estudio publicado en la revista jurídica de la Universidad de Flores sostiene que el artículo protegía bienes jurídicos diferentes según el sexo de cada cónyuge, y lo describe como expresión de una ideología patriarcal dentro del derecho penal ^[1].

Los antecedentes muestran que la desigualdad venía de lejos. Según un trabajo de doctrina publicado en Pensamiento Penal, el derecho canónico sancionaba con la excomunión a ambos cónyuges bajo el principio de que la misma ley regía para hombres y mujeres, mientras que el derecho secular no trataba como delito el adulterio del marido, algo que el autor califica de doble moral ^[3]. El mismo texto recuerda que el Código de 1886, inspirado en el proyecto de Tejedor, eximía de pena al marido que mataba a su esposa y al amante al sorprenderlos, y que el proyecto de Moreno de 1921 atenuaba esas conductas por «justo dolor» ^[3].

El contexto jurídico general de las mujeres argentinas ayuda a entender el texto. El estudio de la Universidad de Flores lo vincula con una época en que las mujeres no votaban: el sufragio femenino llegó con la Ley 13.010, sancionada el 9 de septiembre de 1947 y promulgada el 23 de septiembre del mismo año ^[1]. La patria potestad compartida se reconoció en 1949, se perdió durante los períodos de gobiernos de facto y se restableció en 1985 ^[1].

Hay otro rasgo de la doctrina de la época que el mismo autor menciona: algunos juristas sostenían que la esposa o la concubina daba un consentimiento anticipado a las relaciones sexuales con su pareja al casarse o al iniciar la convivencia, como parte del llamado débito conyugal ^[1]. Esa idea, que excluía al marido de responsabilidad por abusos contra su esposa, muestra hasta qué punto la sexualidad dentro del matrimonio se pensaba como un deber más que como un ámbito de libertad individual.

¿Cómo se aplicaba en la práctica?

Los textos consultados no ofrecen estadísticas de condenas por adulterio en Argentina, y ese silencio es un dato en sí mismo: el estudio doctrinal de Pensamiento Penal no cita jurisprudencia sobre el artículo 118 ^[3]. Esta nota de cautela importa, porque cualquier afirmación sobre la frecuencia de las condenas tendría que apoyarse en archivos judiciales que aquí no se han podido consultar. Lo que sí permiten reconstruir las fuentes es el marco en el que el delito funcionaba.

La condición de delito de acción privada hacía que el artículo operara, sobre todo, como un instrumento de presión dentro de los conflictos matrimoniales. Quien quería acusar al cónyuge debía presentar una querella y probar los hechos, y la ley exigía acreditar hechos distintos según el sexo del acusado: un acto aislado en el caso de la esposa, una relación estable en el caso del marido. La doctrina crítica señala que la figura estaba mal delimitada y que su redacción resultaba arcaica ^[1].

Un efecto menos visible tuvo que ver con la vida posterior a la separación. Hasta 1987 el matrimonio era indisoluble en Argentina, de modo que quien se separaba y formaba una nueva pareja seguía legalmente casado con la anterior. Una crónica de Infobae publicada en junio de 2026 recuerda que, antes de la ley del divorcio, convivir bajo el mismo techo con una nueva pareja después de la separación equivalía, para la ley, a cometer adulterio, y que los hijos de esas uniones eran calificados como ilegítimos ^[4].

El caso Sejean ilustra ese problema. Juan Bautista Sejean, un juez separado, y Alicia Kuliba iniciaron su relación en 1978 y tuvieron una hija, Natalia, en 1984. Sejean cuestionó la constitucionalidad del artículo 64 de la Ley 2.393 de Matrimonio Civil, que fijaba la indisolubilidad del vínculo, y la Corte Suprema le dio la razón por 3 votos contra 2 en 1986; el voto del juez Petracchi introdujo la fórmula del «derecho a fracasar» ^[4]. La sentencia abrió el camino a la reforma legislativa del año siguiente.

¿Cómo se derogó en 1995?

El adulterio dejó de ser delito en Argentina mediante la Ley 24.453, sancionada el 8 de febrero de 1995 y publicada en el Boletín Oficial el 7 de marzo, que derogó los artículos 118 y 74 del Código Penal y modificó el artículo 73 ^[1][2][3][8]. Con esa reforma desapareció la figura penal y también la acción privada que la acompañaba. La norma se aprobó solo ocho años después de la ley del divorcio vincular y cuatro años antes de la gran reforma de los delitos sexuales.

La fecha del 5 de febrero de 1995 que da el estudio de la Universidad de Flores ^[1] no coincide con la de sanción, 8 de febrero, ni con la publicación en el Boletín Oficial, el 7 de marzo de 1995, que consta en el portal oficial de normativa ^[8]. Ese portal resume la ley como modificación de los artículos 73, 154, 157 y 159 del Código Penal, sin mencionar la derogación del 118; que ese artículo y el 74 quedaron derogados lo indican los trabajos de doctrina citados ^[1][3], y el Diario de Cuyo confirma el año y que la ley suprimió el adulterio del Código Penal ^[2].

La derogación no creó un vacío total de consecuencias jurídicas. El Diario de Cuyo explica que el adulterio dejó de figurar en el Código Penal, pero siguió siendo causal de divorcio y de separación personal en la ley civil de matrimonio, la Ley 23.515 ^[2]. Es decir, la conducta pasó de ser un hecho punible a ser, únicamente, un incumplimiento de los deberes entre cónyuges con efectos en el derecho de familia.

Esa secuencia se corresponde con la de otros países de la región. España había despenalizado el adulterio en 1978, como se explica en la despenalización del adulterio en España, y Chile lo hizo en 1994 con la Ley 19.335. Argentina se sumó a ese movimiento a mediados de los noventa, cuando la igualdad entre cónyuges y la distinción entre el pecado y el delito ya formaban parte del debate jurídico corriente.

¿Qué papel quedó para el adulterio en el derecho de familia?

Tras la derogación penal, el adulterio conservó durante veinte años un papel en el derecho de familia y luego lo perdió casi por completo. La Ley 23.515, sancionada el 8 de junio de 1987 y publicada en el Boletín Oficial el 12 de junio, introdujo el divorcio vincular y mantuvo causas subjetivas como el adulterio y las injurias graves ^[2][5], junto con una vía basada en la separación de hecho de al menos tres años ^[4]. El ensayo de la Universidad de Buenos Aires sobre los deberes personales de los cónyuges recuerda que el régimen anterior permitía demandar el divorcio o la separación por adulterio o injurias graves, conforme a los artículos 202 y 214 del Código Civil ^[5].

El artículo 198 de la ley de 1987 decía que los esposos se debían mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos, y trataba la fidelidad como un deber jurídico ^[5]. En ese esquema, la infidelidad podía invocarse como causa subjetiva del divorcio y debía probarse ante el juez. Era un modelo de matrimonio en el que la conducta sexual de cada cónyuge seguía siendo materia de prueba ante el juez.

El cambio llegó con el Código Civil y Comercial, aprobado por la Ley 26.994 y en vigor desde el 1 de agosto de 2015 por la Ley 27.077 ^[2][9]. Su artículo 431 dispone que los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad ^[5]. La expresión «moral» marca la diferencia: la fidelidad deja de ser un deber exigible ante un tribunal, y un autor citado por la Universidad de Buenos Aires llega a criticar que un código establezca deberes morales en lugar de jurídicos ^[5].

En cuanto al divorcio, el artículo 437 establece que se decreta judicialmente a petición de ambos cónyuges o de uno solo, y el artículo 438 exige acompañar la petición con una propuesta que regule sus efectos; el artículo 439 precisa que el convenio abarca cuestiones como la vivienda, los bienes y la responsabilidad parental ^[6]. No se exige invocar una causa ni esperar un plazo, de modo que la infidelidad ya no es un motivo que deba probarse. El Diario de Cuyo añade que los daños entre cónyuges todavía pueden reclamarse por las reglas generales de responsabilidad civil, y menciona los artículos 52, 53, 1716 y 1717 del Código ^[2]. Para una descripción del régimen vigente sobre infidelidad, puede verse la infidelidad en el Código Civil y Comercial.

¿Qué otras normas sobre moral sexual cambiaron en esos años?

Las reformas de los años ochenta y noventa no se limitaron al adulterio: transformaron también la manera en que el Código Penal hablaba de la sexualidad. Un artículo sobre la historia del estupro explica que el Código de 1921 castigaba con prisión de tres a seis años el acceso carnal consentido con una persona de entre doce y quince años, y que tras el Decreto 3992 de 1984 la norma pasó a exigir que la víctima fuera una «mujer honesta», lo que excluía a los varones y distinguía entre mujeres con y sin experiencia sexual ^[7].

La Ley 25.087, de 1999, reformó el Título III del Libro II del Código, que pasó a llamarse «Delitos contra la integridad sexual», y sustituyó la honestidad por la integridad sexual como bien protegido ^[7]. El artículo 120 se refiere desde entonces a una persona menor de dieciséis años cuya inmadurez sexual es aprovechada por el autor ^[7]. El mismo autor advierte que parte de la doctrina todavía equipara inmadurez e inexperiencia, lo que mantiene la atención puesta en la vida sexual previa de la víctima ^[7].

Vistas en conjunto, estas reformas muestran un desplazamiento del lenguaje de la honra y la honestidad al de la integridad y el consentimiento. El adulterio desapareció del Código Penal en 1995, la noción de «mujer honesta» salió del texto en 1999 y el divorcio incausado se consolidó en 2015. Cada paso retiró del derecho penal o del derecho de familia un criterio que medía la conducta sexual de las personas según su estado civil o su sexo.

Ese movimiento no eliminó los debates. Un autor citado por la Universidad de Buenos Aires critica que el Código hable de deberes morales, mientras que los fundamentos del proyecto del Código defendían un régimen incausado de divorcio en el que el incumplimiento de la fidelidad no genera consecuencias jurídicas ^[5]. Entre esas dos posiciones se mueve hoy la discusión, y la historia del artículo 118 muestra cómo una norma penal puede reproducir una desigualdad que la sociedad, con el tiempo, deja de aceptar.

Preguntas frecuentes

¿Qué pena tenía el adulterio en Argentina?

La pena era de prisión de un mes a un año. El artículo 118 del Código Penal la aplicaba a la esposa adúltera, a su cómplice, al marido que mantenía una manceba y a la propia manceba ^[2]. Se trataba de un delito de acción privada, por lo que dependía de la querella del cónyuge ofendido.

¿Qué era una manceba?

Una manceba era la mujer con quien un marido mantenía una relación estable y continuada, dentro o fuera del hogar conyugal. Las relaciones ocasionales con distintas mujeres no configuraban el delito del marido ^[1]. La palabra procede del vocabulario antiguo del español, como se explica en mancebo, mancebía y amancebarse.

¿Siguió siendo causal de divorcio después de 1995?

Sí, durante veinte años. Después de la derogación penal, el adulterio siguió siendo causa de divorcio y de separación en la Ley 23.515 ^[2]. Dejó de serlo con el Código Civil y Comercial, en vigor desde el 1 de agosto de 2015, que admite el divorcio a pedido de uno o de ambos cónyuges sin invocar causa.

¿Qué otros delitos sexuales se reformaron en los noventa?

La reforma más importante fue la Ley 25.087 de 1999, que rebautizó el título del Código Penal como «Delitos contra la integridad sexual». Sustituyó la antigua noción de honestidad por la de integridad sexual y modificó el artículo 120, que ahora protege a menores de dieciséis años frente al aprovechamiento de su inmadurez sexual ^[7].

¿El Código Civil y Comercial castiga la infidelidad?

No la castiga, pero la menciona como deber moral. El artículo 431 habla de un «deber moral de fidelidad» entre los esposos ^[5]. Sin embargo, el divorcio ya no exige probar una causa, y solo los daños concretos pueden reclamarse por las reglas generales de responsabilidad civil ^[2].

¿Cuándo se aprobó el divorcio vincular en Argentina?

El divorcio vincular se aprobó con la Ley 23.515, sancionada el 8 de junio de 1987 y publicada en el Boletín Oficial el 12 de junio ^[4]. Antes de esa fecha el matrimonio era indisoluble, y la Corte Suprema había declarado inconstitucional esa regla en el caso Sejean, en 1986 ^[4].

¿Dejó de ser delito el adulterio para el marido y para la mujer al mismo tiempo?

Sí. La Ley 24.453 derogó el artículo 118 completo, de modo que desapareció tanto el delito de la esposa como el del marido con manceba ^[3]. Hasta ese momento los dos supuestos tenían la misma pena, pero requisitos distintos: un solo acto para ella y una relación estable para él ^[1].