Cuando el adulterio era delito en España: la reforma de 1978

¿Qué castigaba el Código Penal antes de 1978?

Hasta 1978, el Código Penal castigaba como delito el adulterio de la mujer casada y, con un alcance mucho menor, el amancebamiento del marido. El artículo 449 definía como adúltera a la mujer casada que yacía con un hombre que no era su marido, y colocaba en el mismo banquillo al hombre que lo hacía sabiendo que ella estaba casada, aunque el matrimonio se declarara después nulo ^[3]. La pena era la de prisión menor, que la síntesis más difundida sobre el periodo sitúa entre seis meses y seis años ^[2].

No se trataba de una novedad franquista en sentido estricto. El delito venía de la tradición penal castellana y del Código de 1870, que ya castigaba el adulterio con prisión correccional y lo sometía a querella del marido; el texto de 1944 recoge esa fórmula con otra numeración (el artículo 448 de 1870 pasó a ser el 449) ^[3]. Lo que sí tuvo carácter de excepción fue el paréntesis republicano: según el magistrado Enrique Lecumberri, el Código Penal de la Segunda República no sancionaba el adulterio, y fue el régimen posterior el que lo recuperó ^[4]. La síntesis enciclopédica sobre el tema describe cómo el Código de 1870 se reintrodujo en 1944 y con él el delito ^[2].

El capítulo penal sobre el adulterio ocupaba cuatro artículos consecutivos, del 449 al 452, a los que la ley de 1978 sumó la derogación del artículo 443 ^[1]. En ellos se combinaban tres ideas: la definición del delito, un régimen especial de persecución que dejaba la iniciativa en manos del marido y la figura del amancebamiento, pensada para el hombre casado. El texto de ese último precepto no se ha podido contrastar aquí con una edición oficial del Código, y las fuentes consultadas tampoco precisan la pena que correspondía al marido amancebado; por eso este artículo habla de su alcance, no de su cuantía.

Conviene fijar el marco de la época. Tipificar la infidelidad como delito no era una rareza europea del siglo XX, pero en España la norma convivía con una concepción de la familia en la que el marido ostentaba la representación legal de la unidad familiar. El delito de adulterio no protegía un bien jurídico abstracto como la fidelidad: protegía la posición del marido, que era quien decidía si se perseguía o no y quien podía poner fin a la condena.

Cronología

1. 1944
2. 1963
3. Noviembre de 1976
4. 19 de enero de 1978
5. 26 de mayo de 1978
6. 19 de junio de 1978
7. 1981
8. 2005

¿Por qué el adulterio femenino y el amancebamiento se trataban de forma distinta?

El adulterio de la mujer se castigaba con un solo acto, mientras que el hombre casado solo incurría en delito si mantenía a una manceba en el domicilio conyugal o de forma notoria fuera de él ^[2]. Esa asimetría tenía una consecuencia práctica evidente: un marido podía tener relaciones fuera del matrimonio sin consecuencias penales mientras no las hiciera públicas, y la acusación por amancebamiento apenas se utilizó. La síntesis ya citada señala que los procesos por este segundo delito eran casi inexistentes ^[2].

La desigualdad venía de lejos. Un estudio sobre las cartas de perdón de adulterio del siglo XVI en Huéscar recuerda que, en la Castilla de la Edad Moderna, el adulterio se consideraba delito solo cuando lo cometía la esposa, y que el marido disponía de dos caminos: acudir a los tribunales o tomarse la justicia por su mano en condiciones muy estrictas, sorprendiendo a la pareja en flagrante ^[5]. Esa lógica de la reparación del honor del marido se prolongó, con matices, hasta el siglo XX.

El Código de 1944 conservaba una huella clara de ese modelo en el artículo 428, heredero del artículo 438 del Código de 1870. Preveía para el marido que sorprendiera a su mujer en adulterio y la matara en el acto, o matara al amante, una pena de destierro; si las lesiones eran graves, la misma, y si eran leves, quedaba sin pena. Las mismas reglas valían para los padres respecto de las hijas menores de veintitrés años que vivían en la casa paterna ^[2]. Según las fuentes consultadas, esta pena atenuada se suprimió en 1963, quince años antes que el propio delito de adulterio ^[2].

Esa asimetría resultaba cada vez más difícil de defender con la llegada de la democracia. La Constitución, sancionada el 27 de diciembre de 1978 y publicada en el BOE el 29 ^[4], proclama en su artículo 14 la igualdad ante la ley sin discriminación por razón de sexo, y es complicado conciliar ese principio con un delito que, en la práctica, solo podía cometer la mujer casada. La despenalización fue, así, no solo una retirada de la ley de la vida privada, sino también la corrección de un trato desigual entre cónyuges.

¿Quién podía denunciar y qué efecto tenía el perdón del marido?

El adulterio era un delito perseguible solo a instancia del marido ofendido, y su perdón extinguía la pena. El artículo 450 prohibía imponer pena por adulterio sin querella del marido, que debía dirigirse contra los dos culpables si ambos vivían, y excluía el procedimiento cuando el marido había consentido el adulterio o había perdonado a cualquiera de ellos ^[3]. El artículo 451 completaba el sistema: el marido podía remitir en cualquier momento la pena impuesta a su mujer si volvía con él, y en tal caso se entendía remitida también la del adúltero ^[3].

La consecuencia era que el proceso penal funcionaba, en la práctica, como un instrumento al servicio del marido. Nadie más podía iniciarlo, ni siquiera el Ministerio Fiscal. Y el marido podía detenerlo a su voluntad, incluso después de dictada la sentencia, lo que lo convertía en árbitro de la causa. La síntesis de referencia lo resume con una frase del propio texto legal: el marido podía perdonar la condena a su consorte en cualquier momento ^[2].

La mujer, en cambio, solo podía acudir a los tribunales contra su marido en los supuestos estrechos del amancebamiento ^[2]. Ese diseño explica por qué, en los últimos años del franquismo y durante la transición, muchos de los procesos conocidos aparecen vinculados a disputas de otro tipo. Los dos casos más citados, el de Inmaculada Benito en Zaragoza y el de María Ángeles Muñoz en Barcelona, estaban relacionados con conflictos por la custodia de los hijos. En el primero, la fiscalía pidió seis años de cárcel y una multa de cinco millones de pesetas, pero el juez consideró que no había quedado probado el delito; en el segundo, el marido retiró la querella tras un acuerdo sobre la custodia ^[2].

Las cifras de condenas no son fáciles de reconstruir. La síntesis disponible no ofrece totales agregados y habla, en términos cualitativos, de un número elevado de recursos ante el Tribunal Supremo a comienzos y mediados de los años setenta ^[2]. Por eso conviene tomar con cautela cualquier cifra global de mujeres encarceladas por adulterio que circule sin referencia a una estadística judicial. Para el contexto de esas mujeres, puede verse el artículo sobre las mujeres juzgadas por adulterio en la España de Franco.

¿Cómo se tramitó y aprobó la Ley 22/1978?

La Ley 22/1978, de 26 de mayo, sobre despenalización del adulterio y del amancebamiento se aprobó en el último tramo de la Transición, tras varios procesos muy publicitados. A mediados de 1976, los casos de Zaragoza y Barcelona llevaron el asunto a la prensa; en octubre de ese año, el diario The New York Times dedicó un reportaje a la ley "favorable a los hombres" ^[2]. En noviembre de 1976 una manifestación en Barcelona reunió, según la síntesis citada, a unas 5.000 personas, y en diciembre se conocieron una absolución en Lugo y una condena a seis meses en Pontevedra ^[2]. En medio de este clima se aprobó la Ley para la Reforma Política, de 4 de enero de 1977, que abrió el camino a las primeras Cortes democráticas ^[4].

La despenalización se tramitó en dos cámaras con textos distintos. La Comisión de Justicia del Congreso aprobó la derogación por unanimidad, y el diario El País informó de ello el 19 de enero de 1978 ^[2]. El Senado aprobó, sin embargo, un proyecto diferente, de modo que se constituyó por primera vez una comisión mixta Congreso-Senado para conciliar los textos. La discrepancia principal giraba en torno a si el adulterio debía seguir siendo causa de desheredación; prevaleció la versión del Congreso ^[2].

La ley está firmada el 26 de mayo de 1978 por el rey Juan Carlos I y por el presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil, y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 30 de mayo; entró en vigor el 19 de junio de 1978. El BOE publicó correcciones de errores los días 2 y 17 de junio ^[1]. Su artículo 1 deroga los artículos 449 a 452 y el 443 del Código Penal, y manda renumerar los capítulos siguientes ^[1].

La ley no se limitó a lo penal. El artículo 2 suprime el número 7 del artículo 84 del Código Civil y corrige el artículo 109 para que la presunción de legitimidad del hijo no dependa de lo que declare la madre. El artículo 3 elimina el número 5 del artículo 756 y modifica otro apartado de ese precepto. El artículo 4 reforma el artículo 852 para que el adulterio con el cónyuge del testador pueda justificar la desheredación, y el artículo 5 extiende las causas de los artículos 853 y 854 a los hijos adoptivos y a los padres adoptantes ^[1]. Era un ajuste coherente con la discusión parlamentaria: el adulterio salía del Código Penal, pero conservaba una consecuencia civil.

La reforma se produjo en un año de cambios en la regulación de la vida privada. El 7 de octubre de 1978 se despenalizó la venta de anticonceptivos y la información sobre ellos ^[2], y el 29 de diciembre se publicó en el BOE la Constitución, sancionada dos días antes ^[4]. La ley del divorcio llegó después: la Ley 30/1981, de 7 de julio, se publicó en el BOE el 20 de julio de 1981 y entró en vigor el 9 de agosto ^[6].

¿Qué consecuencias legales conserva hoy la infidelidad?

La infidelidad no es hoy un delito en España, pero el Derecho no la ha dejado del todo sin efectos. El Código Penal vigente no recoge el adulterio ni el amancebamiento, y la última norma que los castigó, el capítulo derogado en 1978, no tiene sustituto en la legislación penal ^[1]. Lo que ha cambiado es el terreno en el que se discute: ya no el proceso penal, sino el Derecho de familia y el de sucesiones.

Despenalizada la conducta, la infidelidad siguió siendo una de las causas de separación tras la Ley de divorcio de 1981 y así continuó hasta 2005, algo que el abogado Luis Zarraluqui recuerda en un artículo de 2014 ^[7]. Esa situación terminó con la Ley 15/2005, de 8 de julio, que eliminó la necesidad de alegar causa para divorciarse: basta la voluntad de uno de los cónyuges una vez transcurridos tres meses desde la boda ^[8]. Quien quiera conocer el detalle de ese cambio encontrará el desarrollo en el artículo sobre la reforma de 2005.

El deber de fidelidad, en cambio, sigue escrito en el Código Civil. El artículo 68 establece que los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente ^[9]. Es una obligación sin sanción penal, sin efecto sobre la disolución del matrimonio y con una respuesta judicial restrictiva en materia de indemnización: en 1999 el Tribunal Supremo rechazó reparar el daño moral derivado de la infidelidad ^[7]. Su alcance actual se trata con más detalle en el artículo sobre el deber de fidelidad del Código Civil.

Queda, finalmente, la herencia. Según Zarraluqui, la desheredación por incumplimiento grave o reiterado de los deberes conyugales, prevista en el artículo 855.1.ª del Código Civil, es la única consecuencia de la infidelidad que subsiste tras la reforma de 2005 ^[7]. Esa afirmación debe leerse con la cautela propia de una opinión doctrinal firmada, y no como una lista cerrada de efectos jurídicos.

En términos comparados, España siguió un camino semejante al de otros países de lengua española, aunque en fechas distintas. Chile, por ejemplo, abandonó el delito en 1994, como se explica en el artículo sobre la derogación del adulterio en Chile. Lo que distingue a la reforma española es el momento: llegó antes de que existiera el divorcio civil, de modo que entre 1978 y 1981 la infidelidad ya no era delito aunque el vínculo matrimonial seguía siendo indisoluble ^[10].

Preguntas frecuentes

¿Qué pena tenía el adulterio en España?

Era la prisión menor, que la síntesis disponible sitúa entre seis meses y seis años. Se aplicaba a la mujer casada y al hombre que yacía con ella sabiendo que estaba casada, siempre que el marido presentara querella. El marido podía remitir la pena en cualquier momento.

¿Podía el marido perdonar a la esposa adúltera?

Sí, y con efectos muy amplios. Según el texto del Código, el marido podía remitir la pena en cualquier momento, incluso después de la condena, si su mujer volvía con él, y en ese caso también se entendía remitida la pena del adúltero. Antes de la querella, el consentimiento o el perdón del marido impedían el proceso.

¿Qué era el delito de amancebamiento?

Era el delito del marido que mantenía a una manceba en el domicilio conyugal o de forma notoria fuera de él. Según la síntesis consultada, se regulaba en el artículo 452 del Código Penal y se aplicaba mucho menos que el adulterio de la mujer. Se derogó junto con aquel por la Ley 22/1978.

¿Cuándo entró en vigor la Ley 22/1978?

El 19 de junio de 1978. La ley está fechada el 26 de mayo de 1978 y se publicó en el BOE el 30 de mayo; su artículo 1 derogó los artículos 449 a 452 y el 443 del Código Penal.

¿Cuándo se legalizó el divorcio en España?

En 1981. La Ley 30/1981, de 7 de julio, se publicó en el BOE el 20 de julio y entró en vigor el 9 de agosto de 1981. Hasta entonces el divorcio estaba prohibido desde que el régimen franquista derogó la ley republicana de 1932 ^[10].

¿Es delito la infidelidad hoy en España?

No. El Código Penal vigente no castiga el adulterio ni el amancebamiento desde 1978. El Código Civil mantiene el deber de fidelidad entre cónyuges, pero desde 2005 la infidelidad ya no es causa de divorcio y el Tribunal Supremo no concede indemnización por ella.