La infidelidad ya no es causa de divorcio: el cambio de 2005

¿Qué exigía la ley de divorcio antes de 2005?

Antes de 2005, el divorcio en España era causal y exigía una separación previa. La Ley 30/1981, de 7 de julio, que reintrodujo el divorcio civil tras cuarenta y dos años de prohibición, se publicó en el BOE el 20 de julio de 1981 y entró en vigor el 9 de agosto ^[2]. Su sistema era el de un doble proceso: primero había que obtener la separación judicial y, pasado un tiempo, el divorcio, con plazos mínimos de cese de la convivencia ^[3].

La infidelidad ocupaba un lugar expreso en esa arquitectura. El artículo 82 del Código Civil, en la redacción de 1981, enumeraba las causas de separación, y entre ellas figuraba la infidelidad conyugal; el abogado Luis Zarraluqui recuerda que el adulterio, ya despenalizado en 1978, siguió siendo causa de separación tras la ley del divorcio ^[6]. La página del BOE sobre la Ley 30/1981 confirma que su artículo 82 regula las causas de separación y su artículo 86 las del divorcio ^[2]. Alegar y probar una causa era, por tanto, la puerta de entrada al proceso.

La memoria jurídica del divorcio en España es discontinua. La Constitución de 1931 lo admitía en su artículo 43, y la ley republicana de divorcio fue aprobada por las Cortes con 260 votos a favor y 23 en contra; la guerra civil interrumpió su aplicación, y una ley de 23 de septiembre de 1939 la derogó expresamente ^[3]. El Fuero de los Españoles de 1945 definió después el matrimonio como "uno e indisoluble" ^[3]. Para esa primera etapa puede leerse el artículo sobre el divorcio de 1932 al de 1981.

En 1981 el Congreso aprobó la ley por una mayoría ajustada: 162 votos a favor, 128 en contra y 7 en blanco el 22 de junio de ese año ^[3]. El resultado fue un divorcio que seguía dando importancia a la culpa: había que probar una causa de separación, esperar los plazos y tramitar después el divorcio. Eso obligaba a llevar a los tribunales, en los procesos contenciosos, los motivos de la ruptura.

Ese modelo duró casi un cuarto de siglo, hasta que el legislador de 2005 lo sustituyó por otro basado en la voluntad de los cónyuges: ni causa que alegar ni separación previa que cumplir ^[1].

El divorcio en España antes y después de la Ley 15/2005

Aspecto	Ley 30/1981 (en vigor desde el 9 de agosto de 1981)	Ley 15/2005 (en vigor desde el 10 de julio de 2005)
Causas	Divorcio causal, con causas enumeradas por la ley	Ninguna: basta la voluntad de uno de los cónyuges
Separación previa	Sí: sistema de doble proceso	No: el divorcio puede pedirse sin separación previa
Plazo	Plazos mínimos de cese de la convivencia	Tres meses desde la boda; sin plazo si hay riesgo para la vida o la integridad
Quién puede pedirlo	Según las causas y los plazos legales	Uno solo de los cónyuges, ambos, o uno con el consentimiento del otro (art. 86)
Infidelidad	Causa de separación (art. 82)	No se alega ni se prueba
Custodia compartida	Sin regulación expresa de la custodia compartida (la introduce la reforma de 2005)	Posible si la piden los padres o la acuerdan en el proceso (art. 92)

¿Qué cambió la Ley 15/2005 en el Código Civil?

La Ley 15/2005, de 8 de julio, suprimió las causas y la separación previa como requisitos del divorcio. Se firmó en Madrid el 8 de julio de 2005 por el rey Juan Carlos I y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se publicó en el BOE núm. 163 del 9 de julio y entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 10 de julio de 2005 ^[1]. Su exposición de motivos concibe la separación y el divorcio como dos opciones distintas: la separación judicial se mantiene para quienes no quieren disolver el vínculo, pero el divorcio puede pedirse sin separación previa y sin alegar causa, y basta la voluntad de uno de los cónyuges ^[1].

El texto actual del Código Civil lo refleja con claridad. El artículo 86 dispone que se decretará el divorcio a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos del artículo 81 ^[5]. Y el artículo 81 exige, para la separación, que hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio, plazo que no se aplica si se acredita un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad u otros bienes personales del cónyuge que lo solicita o de los hijos ^[1][5]. El artículo 87, que antes regulaba las causas, quedó sin contenido ^[1].

En otras palabras, la ley no dice nada de infidelidad porque ya no tiene que decir nada: no hay lista de causas que consultar. Tampoco se pregunta al solicitante por los motivos de la ruptura. El juez, el letrado de la Administración de Justicia o el notario comprueban que se cumplen los requisitos formales, entre ellos la propuesta de convenio regulador que debe acompañar a la demanda, y deciden las medidas sobre hijos, vivienda y bienes ^[1].

La reforma tocó también otros preceptos relevantes para la ruptura. El artículo 92 reconoció la guarda y custodia compartida cuando la piden los padres o la acuerdan durante el proceso, y excluye esa modalidad si existe un proceso penal por atentar contra la vida o la integridad del otro cónyuge o indicios fundados de violencia doméstica ^[1]. El artículo 97 regula la compensación por desequilibrio económico que el divorcio produce a uno de los cónyuges ^[1]. Los medios de comunicación bautizaron la reforma como "divorcio exprés", una etiqueta que simplifica, porque el plazo de tres meses desde la boda se mantiene y el proceso judicial sigue teniendo su propio curso ^[3].

Una novedad posterior amplió las vías. La Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria, introdujo el divorcio ante notario, que exige mutuo acuerdo, ausencia de hijos menores no emancipados o mayores con medidas judiciales de apoyo que dependan de los padres, y tres meses transcurridos desde el matrimonio ^[3]. Con ella, el divorcio de los matrimonios sin hijos pudo dejar de pasar por el juzgado.

¿Se puede obtener el divorcio sin el acuerdo del otro cónyuge?

Sí: desde 2005 basta la solicitud de uno solo de los cónyuges, sin que el otro pueda oponerse a la disolución del matrimonio. El artículo 86 lo dice expresamente al hablar de la petición "de uno solo de los cónyuges" ^[5]. El otro cónyuge puede discutir las medidas, como la custodia, el uso de la vivienda o la pensión, pero no puede impedir que el divorcio se decrete cuando se cumplen los requisitos temporales ^[1][5].

Esa es la principal diferencia con el sistema de 1981. Entonces, en los procesos contenciosos, el cónyuge demandado podía discutir la causa alegada, por ejemplo la infidelidad, y el juez debía valorar la prueba. Hoy la causa es irrelevante: un cónyuge puede estar convencido de que la ruptura se debe a la conducta del otro, y puede incluso decirlo en el proceso, pero el divorcio no depende de que se demuestre ni se declare esa conducta.

Queda una figura que merece mención: la separación. La Ley de 2005 mantuvo la separación judicial como figura autónoma, para quienes por razones personales o religiosas no desean divorciarse, y el artículo 81 la regula con el mismo plazo de tres meses ^[1][5]. Quien se separa sigue casado, de modo que continúan sus deberes conyugales, entre ellos el de fidelidad, en los términos que se analizan en el artículo sobre el deber de fidelidad del Código Civil.

El cambio ha tenido un reflejo claro en la forma de los procesos. El Instituto Nacional de Estadística, en su estadística de nulidades, separaciones y divorcios de 2025, publicada el 23 de julio de 2026, indica que el 80,5 % de los divorcios fueron no contenciosos y el 19,5 % contenciosos; el INE advierte de que la fuente no equipara "no contencioso" con mutuo acuerdo en sentido estricto ^[4]. Aun así, la proporción refleja un divorcio en el que la mayoría de los casos se resuelve sin batalla judicial sobre la causa.

¿Influye la infidelidad en la custodia o en la pensión?

No como causa autónoma. Desde la reforma de 2005 los efectos económicos y personales de la ruptura se fijan por las necesidades de los hijos y por el desequilibrio económico entre los cónyuges, no por la conducta de cada uno. La custodia se decide atendiendo al interés de los hijos, con la custodia compartida como posibilidad expresamente reconocida en el artículo 92 ^[1]; la pensión compensatoria del artículo 97 responde al desequilibrio que el divorcio produce, no a la culpa ^[1].

La jurisprudencia había anticipado ese resultado. En 1999 el Tribunal Supremo, en dos sentencias de 22 y 30 de julio relativas a dudas sobre la paternidad de hijos nacidos en el matrimonio, no concedió indemnización por daño moral al marido, y la doctrina ha entendido que la infidelidad no encaja en la pensión compensatoria ni en las reglas generales de responsabilidad contractual ^[6][7]. La profesora Laura López de la Cruz, en un estudio publicado en InDret en 2010, resume que tras la reforma de 2005 el incumplimiento de los deberes conyugales ya no tiene consecuencias sancionadoras relevantes en el ámbito de la ruptura ^[7].

Hay una matización importante. Algunas audiencias provinciales sí han concedido indemnizaciones, pero no por la infidelidad en sí, sino por la ocultación dolosa de la paternidad o por conductas negligentes en ese terreno. La Audiencia de Valencia, en sentencia de 2 de noviembre de 2004, concedió 100.000 euros por la concepción negligente y la ocultación de la paternidad de un hijo, aunque precisó que la infidelidad en sí no es indemnizable; el 5 de septiembre de 2007 la misma audiencia redujo en otro caso la cuantía de 100.000 a 12.000 euros, y la de Barcelona fijó 15.000 euros el 16 de enero de ese año ^[7]. La Audiencia de Cádiz, en una sentencia de 3 de abril de 2008, admitió la responsabilidad en un caso que combinaba infidelidad y falsa atribución de la paternidad ^[7].

Para el cónyuge que quiere reclamar, el esquema es, por tanto, estrecho. El divorcio no se condiciona a la infidelidad, la pensión compensatoria no la tiene en cuenta y la indemnización solo ha prosperado de forma excepcional, en supuestos de engaño sobre la filiación. La herencia es un terreno distinto, pues el incumplimiento grave o reiterado de los deberes conyugales sigue siendo causa de desheredación del cónyuge, según el artículo 855.1.ª del Código Civil ^[6].

¿Cómo ha evolucionado el divorcio desde 1981?

Desde 1981 el divorcio ha pasado de ser una excepción judicial a un trámite de masas, con tres hitos legislativos. La Ley 30/1981 lo reintrodujo con causas y separación previa; la Ley 15/2005 eliminó ambas exigencias y dio entrada a la custodia compartida; y la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria abrió la vía notarial, junto a la del letrado de la Administración de Justicia, para los matrimonios de común acuerdo ^[1][3][4]. El resultado es un divorcio que, salvo cuando hay hijos menores y desacuerdo, puede resolverse sin acudir a un juicio.

Las cifras recientes del INE permiten medir ese resultado. En 2025 se registraron en España 83.683 casos de nulidad, separación y divorcio, un 3,4 % menos que en 2024, lo que equivale a una tasa de 1,7 por cada 1.000 habitantes ^[4]. De ellos, 80.785 fueron divorcios (un 2,7 % menos), 2.872 separaciones (un 20,3 % menos) y 27 nulidades ^[4]. La duración media de los matrimonios disueltos por divorcio fue de 16,2 años ^[4].

La forma de tramitar la ruptura también cambió. Según el INE, 49.292 casos se resolvieron por sentencia, 20.720 por decreto del letrado de la Administración de Justicia y 13.671 por escritura pública ante notario; el 15,9 % de los divorcios pasó por notaría ^[4]. En los divorcios entre cónyuges de distinto sexo con hijos menores, la custodia compartida alcanzó el 50,8 %, 1,1 puntos más que en 2024 ^[4].

Estos datos no incluyen los motivos, porque la ley dejó de pedirlos. La estadística oficial puede decir cuántos matrimonios se disuelven, cuánto duraron y por qué vía, pero no cuántos se rompieron por infidelidad; cualquier cifra que se atribuya a esa causa debe tomarse como encuesta de opinión, no como registro jurídico. Para el panorama estadístico más amplio, el artículo sobre los divorcios en España según el INE recoge series anteriores.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo hay que estar casado para divorciarse?

Tres meses desde la celebración del matrimonio. Es el plazo que fijan los artículos 81 y 86 del Código Civil tras la Ley 15/2005. No se exige si se acredita un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad u otros bienes personales del solicitante o de los hijos.

¿Puede el otro cónyuge oponerse al divorcio?

No. Desde 2005 el divorcio se decreta a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, sin que haga falta causa. El cónyuge demandado puede discutir las medidas, como la custodia, la vivienda o la pensión, pero no impedir la disolución del matrimonio.

¿La infidelidad influye en la pensión compensatoria?

No. La pensión compensatoria del artículo 97 del Código Civil responde al desequilibrio económico que produce la ruptura, no a la culpa. En 1999 el Tribunal Supremo no concedió indemnización por daño moral en dos casos de dudas sobre la paternidad, y la jurisprudencia posterior no reconoce la infidelidad como causa de reparación en sí.

¿Sigue existiendo la separación judicial?

Sí. La Ley 15/2005 mantuvo la separación como figura distinta del divorcio para quienes no quieren disolver el matrimonio. Se rige por el artículo 81 del Código Civil, con el mismo plazo de tres meses, y los cónyuges separados siguen casados.

¿Se puede divorciar uno ante notario?

Sí, si se dan tres condiciones: acuerdo de ambos cónyuges, ausencia de hijos menores no emancipados o mayores con medidas judiciales de apoyo que dependan de los padres, y tres meses transcurridos desde la boda. La vía notarial se introdujo con la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria. En 2025, el 15,9 % de los divorcios se tramitó por escritura pública.

¿Cuántos divorcios hubo en España en 2025?

80.785 divorcios, un 2,7 % menos que en 2024, según el INE. Con las separaciones (2.872) y las nulidades (27) suman 83.683 casos, una tasa de 1,7 por cada 1.000 habitantes. La estadística se publicó el 23 de julio de 2026.