Fidelidad conyugal en el Código Civil: una obligación sin castigo

¿Qué dice exactamente el artículo 68 del Código Civil?

El artículo 68 del Código Civil establece que los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Añade que deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes, descendientes y otras personas dependientes a su cargo ^[1]. El deber de fidelidad es, por tanto, una de las tres obligaciones personales que enumera la primera frase del precepto.

El artículo no está solo. El 66 afirma que los cónyuges son iguales en derechos y deberes, y el 67 que deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia ^[1]. Los tres preceptos forman el núcleo del capítulo sobre los derechos y deberes de los cónyuges, y describen el matrimonio como una relación entre iguales.

La redacción actual del precepto es neutra en cuanto al sexo de los cónyuges. La Ley 13/2005, de 1 de julio, que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, reformuló los artículos 66 y 67 para referirse a los cónyuges en lugar de al marido y la mujer ^[8], y el deber de fidelidad obliga igual a todos los matrimonios. El texto consolidado consultado indica como última modificación el 3 de enero de 2025 ^[1]; no se ha comprobado si hay cambios posteriores.

Un deber legal puede ser jurídicamente relevante sin ser exigible por la fuerza. La fidelidad no puede cumplirse mediante una orden judicial ni ejecutarse de forma forzosa, como sí puede reclamarse el pago de una deuda. De ahí que su valor jurídico sea objeto de debate, como se verá en los apartados siguientes.

Consecuencias jurídicas de la infidelidad en España (octubre de 2026)

Ámbito	Situación	Fuente
Penal	No es delito desde la Ley 22/1978 (en vigor el 19 de junio de 1978)	Ley 22/1978
Deber legal	El art. 68 del Código Civil mantiene el deber de fidelidad entre cónyuges	Código Civil
Divorcio	No es causa ni hay que alegarla: basta la petición de uno de los cónyuges tras tres meses	Ley 15/2005
Pensión compensatoria	Responde al desequilibrio económico; el Supremo descartó esa vía en 1999	Art. 97 CC; STS 30/07/1999
Indemnización por daño moral	El Supremo no la concedió en 1999 (dos casos de paternidad); algunas audiencias la admiten por ocultación de la paternidad	STS 22 y 30/07/1999; SAP Valencia, Barcelona y Cádiz
Herencia	Puede justificar la desheredación del cónyuge (incumplimiento grave o reiterado de los deberes conyugales)	Art. 855.1.ª CC

¿Qué consecuencias tiene hoy incumplir el deber de fidelidad?

Hoy, incumplir el deber de fidelidad no tiene consecuencias penales ni obliga a probar causa alguna para divorciarse, y solo produce efectos limitados en el ámbito civil. En las fuentes consultadas no consta que acarree de forma automática la pérdida de derechos patrimoniales ni una sanción económica. La respuesta del ordenamiento se distribuye en cuatro terrenos distintos, que se resumen en la tabla de este artículo.

En el penal, el adulterio y el amancebamiento dejaron de ser delitos con la Ley 22/1978, de 26 de mayo, que derogó los artículos 449 a 452 y 443 del Código Penal y entró en vigor el 19 de junio de 1978 ^[5]. En el divorcio, la Ley 15/2005, de 8 de julio, suprimió las causas y la separación previa: basta la solicitud de uno de los cónyuges una vez transcurridos tres meses desde la boda ^[4]. El abogado Luis Zarraluqui lo resume diciendo que, tras 2005, el adulterio dejó de ser causa de separación y de divorcio ^[2].

En el terreno económico, la pensión compensatoria del artículo 97 responde al desequilibrio que provoca la ruptura, no a la conducta de los cónyuges, y el Tribunal Supremo la descartó expresamente como vía para compensar la infidelidad en 1999 ^[2][4]. Laura López de la Cruz concluye en InDret que, con la reforma de 2005, el incumplimiento de los deberes conyugales ya no tiene consecuencias sancionadoras relevantes, aunque el cónyuge perjudicado conserva otras vías ^[3].

Queda el terreno sucesorio. Zarraluqui sitúa como única consecuencia que subsiste la posibilidad de desheredar, con base en el artículo 855.1.ª del Código Civil, por incumplimiento grave o reiterado de los deberes conyugales ^[2]. La propia Ley 22/1978 había reformado el artículo 852 para que el adulterio con el cónyuge del testador pudiera justificar la desheredación de los hijos, y extendió esas causas a los hijos adoptivos y a los padres adoptantes ^[5]. La lista de efectos no es cerrada y dependerá, en cada caso, de las pruebas y de la decisión del juez.

¿Qué decidió el Tribunal Supremo en 1999?

En 1999, el Tribunal Supremo rechazó indemnizar el daño moral causado por la infidelidad conyugal en dos sentencias dictadas con ocho días de diferencia. Fueron las de 22 y 30 de julio de 1999, de la Sala Primera, con la misma ponencia ^[2]. Ambas figuran en los repertorios como RJ 1999/5721 y RJ 1999/5726 ^[3].

La del 22 de julio resolvió el caso de un marido que reclamaba 49 millones de pesetas tras descubrir que no era el padre biológico de uno de sus hijos, de los que 25 millones correspondían a daño moral. El Supremo confirmó la desestimación de la demanda porque no quedó probada la mala fe de la esposa ^[3]. La del 30 de julio, también sobre un hijo cuya paternidad biológica correspondía a otro hombre, confirmó la revocación por la Audiencia de una condena de 10 millones de pesetas por daño moral dictada en primera instancia; según Zarraluqui, el Tribunal afirmó que el sufrimiento causado por la infidelidad no es reparable económicamente y descartó que pudiera sostenerse en los artículos 1101 y 1902 del Código Civil, que regulan la indemnización por incumplimiento de obligaciones y por daño extracontractual ^[2][3].

El razonamiento del Tribunal, según la síntesis de Zarraluqui, combina varios argumentos. Reconoce el "innegable reproche ético-social" de la infidelidad, pero entiende que la única consecuencia jurídica que preveía entonces la legislación sustantiva era la causa de separación, sin efectos económicos. No cabe encajarla en la pensión compensatoria del artículo 97 ni en el artículo 1101, aunque los deberes conyugales se consideren contractuales. Y admitir la indemnización llevaría a que cualquier causa de alteración de la convivencia obligara a compensar, con el riesgo de una proliferación de demandas ^[2].

Esa doctrina distingue entre la infidelidad en sí y otros daños que puedan acompañarla. La ocultación dolosa de la paternidad es el supuesto en el que más ha prosperado la reclamación: la Audiencia Provincial de Valencia, en sentencia de 2 de noviembre de 2004, concedió 100.000 euros por ocultar la paternidad de un hijo; la de Barcelona, el 16 de enero de 2007, concedió 15.000 euros por la conducta negligente de la esposa al no verificar la paternidad, no por la infidelidad; y la de Valencia, el 5 de septiembre de 2007, redujo de 100.000 a 12.000 euros otra indemnización por ocultar un hijo extramatrimonial ^[3].

¿Cambió el debate tras el divorcio sin causa de 2005?

Sí: tras la Ley 15/2005, una parte de la doctrina y alguna audiencia sostienen que el argumento del Supremo perdió fuerza, mientras que otra parte defiende que la libertad personal que inspiró la reforma desaconseja indemnizar. La clave está en que el Tribunal Supremo se había apoyado en que la única consecuencia legal de la infidelidad era la causa de separación; al desaparecer las causas, ese apoyo desapareció ^[2].

La Audiencia Provincial de Cádiz, en su sentencia 125/2008, de 3 de abril, admitió la responsabilidad en un caso que combinaba infidelidad y falsa atribución de la paternidad, y razonó que la reforma había eliminado la sanción civil en la que descansaba la doctrina del Supremo. Según el resumen de Zarraluqui, si los deberes conyugales carecen en absoluto de sanción no son verdaderos deberes jurídicos, y la incoercibilidad de la fidelidad no impide que su violación pueda generar responsabilidad ^[2]. López de la Cruz califica esa sentencia como la más amplia de las cuatro que analiza y la presenta como minoritaria ^[3].

El propio Zarraluqui sostenía en 2014 que la infidelidad, aunque reprochable, debería generar una obligación de indemnizar el daño causado, y que los cambios legislativos habían dejado sin efecto el argumento de que el legislador no quiso otra consecuencia ^[2]. Recuerda que el Derecho de familia se consideró tradicionalmente un sistema cerrado, sin indemnizaciones salvo en supuestos expresos, y responde que las conductas dañinas no deberían quedar sin sanción por el hecho de proliferar ^[2].

La posición contraria se funda en la libertad. López de la Cruz cuestiona que el Derecho de daños sancione la infidelidad, porque eso choca con la libertad personal que inspira la reforma de 2005 y podría reintroducir la culpa en la ruptura. Admite la indemnización cuando exista un daño distinto de la infidelidad en sí, como la ocultación o la negligencia en la paternidad, y siempre que el daño se pruebe ^[3]. Señala además que la reforma portuguesa de 2008 incorporó expresamente la responsabilidad civil entre cónyuges, un modelo distinto del español ^[3]. En las fuentes consultadas no consta que el Tribunal Supremo haya modificado su doctrina de 1999 sobre la infidelidad en sí; conviene verificar la jurisprudencia más reciente antes de apoyarse en ella.

¿Por qué se mantiene un deber legal sin sanción?

Un deber sin sanción directa puede conservar un valor jurídico que no se mide por el castigo. La función más evidente del artículo 68 es describir el modelo de matrimonio que el Código Civil adopta: una comunidad de vida entre iguales con obligaciones recíprocas. Aunque no exista una consecuencia automática para quien incumple, el precepto puede servir como parámetro para valorar conductas en procedimientos de familia, y de ahí que el artículo 855.1.ª siga permitiendo la desheredación ^[2].

El mantenimiento del deber también refleja una decisión sobre quién debe vigilar la fidelidad. Con la Ley 22/1978, el Estado dejó de perseguir el adulterio a través del Derecho penal ^[5]; con la Ley 15/2005, dejó de exigir a los tribunales que calificaran la conducta de los cónyuges para disolver el matrimonio ^[4]. El deber permanece como norma de conducta pero sin una autoridad pública que haga de juez de la vida conyugal, lo que explica que la discusión se haya desplazado a la responsabilidad civil.

La pervivencia del deber tiene una dimensión simbólica reconocida por la jurisprudencia. El Supremo habló en 1999 de un reproche ético-social sin reparación económica, y esa fórmula resume bien la situación: la infidelidad se considera moralmente reprochable sin que la ley le asocie una pena ni una compensación ^[2][3]. Que el legislador no haya suprimido el deber desde 2005 admite varias lecturas, y las fuentes consultadas no permiten afirmar cuál prevalece.

La comparación puede ayudar. Para una comparación con Argentina, donde también rige el divorcio sin causa, puede verse el artículo sobre la infidelidad en el Código Civil y Comercial argentino; y la despenalización española se explica en el artículo sobre la reforma de 1978. Para entender el cambio de 2005 en detalle, véase el artículo sobre la infidelidad y el divorcio.

¿Rige el deber de fidelidad fuera del matrimonio?

No como tal: el artículo 68 se dirige a los cónyuges, y las parejas de hecho no están sujetas a él. El Tribunal Constitucional ha afirmado que el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son realidades equivalentes, y que el legislador autonómico no puede regular el matrimonio ni crear una forma matrimonial distinta ^[6]. Las obligaciones de una pareja de hecho nacen, por tanto, del pacto de los convivientes, cuando existe, y de lo que disponga la ley autonómica aplicable ^[7].

Las parejas inscritas pueden pactar sus relaciones personales y patrimoniales, con los límites generales de los contratos, y las no formalizadas quedan sujetas a las reglas generales del Derecho civil ^[7]. Nada impide que los convivientes incluyan un compromiso de fidelidad en un pacto, aunque sería una cuestión de prueba y de interpretación judicial determinar qué efectos tendría su incumplimiento. Las fuentes consultadas no recogen ningún precedente en ese sentido.

Preguntas frecuentes

¿La infidelidad afecta al reparto de bienes?

Como regla, no. La liquidación depende del régimen económico del matrimonio, no de la conducta de los cónyuges, y la pensión compensatoria responde al desequilibrio económico y no a la culpa. El único efecto patrimonial directo que las fuentes consultadas mencionan es la desheredación del cónyuge por incumplimiento grave o reiterado de los deberes conyugales.

¿Se puede pedir la nulidad del matrimonio por infidelidad?

No, en principio. La nulidad se refiere a defectos en la celebración del matrimonio, como la falta de consentimiento, los impedimentos o el error en cualidades determinantes de la persona, y no a hechos posteriores como una infidelidad. Este artículo no ha comprobado jurisprudencia sobre supuestos excepcionales.

¿Qué es el daño moral por infidelidad?

Es el sufrimiento que un cónyuge dice haber padecido por la infidelidad del otro y que reclama como indemnización. El Tribunal Supremo, en sentencias de 22 y 30 de julio de 1999, rechazó repararlo económicamente. Algunas audiencias han concedido cantidades por la ocultación dolosa de la paternidad, no por la infidelidad en sí.

¿Rige el deber de fidelidad en las parejas de hecho?

No como deber legal. El artículo 68 del Código Civil se refiere a los cónyuges, y las parejas de hecho se rigen por sus pactos y por la ley autonómica. El Tribunal Constitucional ha dicho que matrimonio y convivencia extramatrimonial no son realidades equivalentes.

¿Se puede pedir una indemnización por infidelidad en España?

Por la infidelidad en sí, la doctrina del Supremo de 1999 la rechaza. Algunas audiencias provinciales han concedido indemnizaciones en casos de ocultación de la paternidad, y la de Cádiz admitió en 2008 la responsabilidad en un caso que unía infidelidad y falsa atribución de la paternidad, con un razonamiento que la doctrina presenta como minoritario.

¿Es obligatorio guardar fidelidad según la ley española?

Sí, entre cónyuges: el artículo 68 del Código Civil lo establece. Pero no hay pena, no es causa de divorcio desde 2005 y no existe una vía de ejecución forzosa. Su principal consecuencia visible hoy es la posibilidad de desheredación.