Vivir en pareja sin casarse: el marco legal de las parejas de hecho

¿Qué es legalmente una pareja de hecho?

Una pareja de hecho es la unión de dos personas que conviven de forma estable con una relación de afectividad análoga a la conyugal sin haberse casado, y cuyo régimen depende sobre todo de la legislación autonómica. El Derecho español no ofrece una definición única: la doctrina resume los rasgos generales en estabilidad, continuidad, publicidad, relación de afectividad análoga a la del matrimonio y capacidad, que incluye la mayoría de edad ^[2]. Lo que cada comunidad exige además, como plazos o inscripción, varía.

La Constitución no regula expresamente esta figura, pero tampoco la prohíbe. Su protección se deduce sobre todo del artículo 39, que obliga a los poderes públicos a proteger a la familia, y los tribunales han sostenido que matrimonio y unión de hecho no son realidades equivalentes, de modo que tratarlas de forma distinta no vulnera por sí solo el principio de igualdad si la diferencia está justificada ^[4]. El artículo 32 garantiza el derecho a contraer matrimonio y configura el matrimonio como institución con protección constitucional propia ^[1][2].

Conviene distinguir entre parejas inscritas o formalizadas y parejas no formalizadas. Las primeras se constituyen ante un registro o mediante escritura pública, según la comunidad, y quedan sometidas a la ley autonómica; las segundas carecen de estatuto específico, y los tribunales les aplican reglas generales del Derecho civil, como la comunidad de bienes, la sociedad, la indemnización o el enriquecimiento injusto, sin que las normas del matrimonio se apliquen de forma automática ^[4].

La figura se ha movido en un contexto de transformación del matrimonio. Antes de 1978, el marido que mantenía a una manceba en la casa conyugal o de forma notoria fuera de ella incurría en delito, como se explica en el artículo sobre la despenalización del adulterio en 1978. Con la Ley 13/2005, de 1 de julio, publicada en el BOE el 2 de julio y en vigor desde el 3, el matrimonio pasó a poder celebrarse entre personas del mismo o de distinto sexo, lo que redujo la función que las parejas de hecho habían cumplido para quienes no podían casarse ^[6].

El cambio de perspectiva se resume en una afirmación de Enrique Lecumberri, antiguo magistrado del Tribunal Supremo: Cataluña fue en 1998 la primera comunidad autónoma en aprobar una ley sobre parejas de hecho, con la intención de reconocer relaciones que el Derecho español no trataba como matrimonios ^[5]. Desde entonces, la figura se ha consolidado en el mapa legislativo y en la vida social, aunque sin un marco estatal general.

Matrimonio y pareja de hecho en España: principales diferencias

Aspecto	Matrimonio	Pareja de hecho
Marco legal	Código Civil, norma estatal	Leyes autonómicas (trece comunidades) y registros; sin ley estatal general
Protección constitucional	Institución garantizada (art. 32 CE)	No son realidades equivalentes: sin garantía institucional
Constitución	Celebración ante la autoridad competente	Inscripción, escritura pública o convivencia, según la comunidad
Régimen económico	Régimen económico matrimonial	Sin régimen propio, salvo pacto
Herencia sin testamento	El cónyuge es legitimario	Solo si lo prevé la ley autonómica; Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco la equiparan
Ruptura	Divorcio y, en su caso, pensión compensatoria	Disolución informal, sin pensión compensatoria estatal
Pensión de viudedad	Sí	Sí: inscripción o documento público dos años antes del fallecimiento y cinco años de convivencia; con hijos comunes, desde octubre de 2026, bastan dos años de convivencia

¿Por qué su regulación depende de cada comunidad autónoma?

La regulación depende de las comunidades autónomas porque no existe una ley estatal general y porque varias de ellas tienen competencia en materia de Derecho civil propio. Un trabajo académico de la Universidad de Zaragoza (2019) recoge trece leyes autonómicas: Cataluña (Ley 10/1998), Aragón (Ley 6/1999), Navarra (Ley Foral 6/2000), Baleares (Ley 18/2001), Madrid (Ley 11/2001), Andalucía (Ley 5/2002), Asturias (Ley 4/2002), Canarias y Extremadura (ambas, Ley 5/2003), País Vasco (Ley 2/2003), Cantabria (Ley 1/2005), Galicia (Ley 2/2006) y Valencia (Ley 5/2012) ^[2]. La cifra de trece coincide con la que daba un artículo de Legálitas de 2015 ^[4].

Otras comunidades no tienen una ley, pero sí un registro. Según el mismo trabajo, Castilla-La Mancha (Decreto 124/2000), Castilla y León (Decreto 117/2002), La Rioja (Decreto 30/2010) y Murcia (reglamento de 2011) solo regulan el registro de parejas ^[2]. Legálitas describía en 2015 una situación todavía más fragmentada, con dos comunidades con registro sin ley y otras dos sin ninguna de ambas cosas ^[4]. Las diferencias entre ambas fuentes se explican por la fecha: La Rioja y Murcia aparecen sin regulación en 2015 y con registro en 2019.

El resultado es un mapa desigual. La ley catalana, de 15 de julio de 1998, exige una convivencia ininterrumpida de más de dos años, o un hijo en común, o la formalización en escritura pública; se integró después en el Código Civil de Cataluña y se modificó por la Ley 3/2005 ^[2]. Aragón exige dos años de convivencia ininterrumpida o el otorgamiento de escritura pública, y reserva la inscripción en el registro a los efectos administrativos ^[2]. Galicia, Baleares, País Vasco y Aragón condicionan los derechos sucesorios a la inscripción ^[2]; la Comunitat Valenciana también lo hacía, pero la STC 110/2016, de 9 de junio, anuló los artículos 6 a 14 de su Ley 5/2012, entre ellos los que reconocían derechos al conviviente supérstite ^[13]. Y a escala estatal no existe un registro de parejas de hecho con efectos civiles ^[2].

Esta fragmentación tiene consecuencias prácticas. Una pareja registrada en una comunidad que se traslada a otra puede encontrarse con requisitos o derechos distintos, y las normas sobre conflicto de leyes pertenecen al Estado, como recordó el Tribunal Constitucional en la sentencia que se comenta a continuación. El estudio de Zaragoza concluye de ahí que hace falta una ley estatal ^[2], y Legálitas calificaba ya en 2015 el marco autonómico de precario ^[4].

¿Qué decidió el Tribunal Constitucional en la STC 93/2013?

La sentencia 93/2013, de 23 de abril de 2013, anuló varios preceptos de la Ley Foral navarra 6/2000 para la igualdad jurídica de las parejas estables. El Pleno del Tribunal Constitucional resolvió el recurso de inconstitucionalidad 5297-2000, presentado por 83 diputados del Grupo Popular, con ponencia de la magistrada Adela Asua Batarrita; la sentencia se publicó en el BOE el 23 de mayo de 2013 ^[1][2].

El precepto que el texto declara expresamente inconstitucional y nulo es el artículo 2.3, que aplicaba la ley navarra a cualquier pareja en la que uno de los miembros tuviera vecindad civil navarra. El Tribunal consideró que establecía una norma de conflicto de leyes, materia reservada al Estado por el artículo 149.1.8.ª de la Constitución ^[1]. Según el trabajo de Zaragoza, la sentencia anuló también el artículo 4.4, que revocaba los poderes otorgados entre los miembros de la pareja al extinguirse esta, y el artículo 5, que imponía determinados efectos "admitiera o no pacto en contrario" ^[2]. Una síntesis divulgativa afirma que el Tribunal anuló casi toda la ley navarra ^[4], y un comentario de LegalToday enumera, además de los anteriores, los artículos 3 y 5 (en parte), 6, 7, 9, 11 y 12 ^[10]; el texto del fallo no ha podido leerse íntegro para este artículo, de modo que el alcance exacto debe comprobarse en la sentencia.

El Tribunal desestimó, en cambio, varias impugnaciones: el motivo de procedimiento, la queja de que la ley invadía la competencia estatal sobre las formas del matrimonio y la basada en el derecho a no casarse del artículo 32 ^[1]. Sobre la relación entre matrimonio y convivencia, afirmó que ambos "no son realidades equivalentes", y que el legislador autonómico puede extraer consecuencias jurídicas de la convivencia, pero no regular el matrimonio ni crear una forma matrimonial distinta ^[1].

El fundamento más relevante para el futuro es el del libre desarrollo de la personalidad, el artículo 10.1 de la Constitución. El trabajo de Zaragoza resume que, según el Tribunal, la mera convivencia no basta para imponer efectos: la pareja debe constituirse de manera expresa, normalmente mediante inscripción en el registro, y requisitos como un año de convivencia o un hijo común no son suficientes. La unión de hecho se define, en esa lectura, por la voluntad libre de permanecer al margen del régimen matrimonial, de manera que imponer un régimen sucesorio sin la aceptación de los convivientes resulta irrazonable ^[2].

La repercusión fue amplia. Otras leyes autonómicas tienen preceptos casi idénticos a los anulados, que no fueron declarados inconstitucionales porque nadie los recurrió, lo que evidencia, en palabras del estudio, la necesidad de una ley estatal ^[2]. Legálitas añade que el Tribunal Constitucional anuló también los artículos 4 y 5 de la ley madrileña 11/2001 ^[4]. Tras estas sentencias, el marco autonómico quedó, según esa misma fuente, en una situación precaria ^[4].

¿Qué derechos tiene una pareja de hecho frente al matrimonio?

La pareja de hecho tiene derechos que dependen de su comunidad y de que esté inscrita, mientras que el matrimonio se rige por un estatuto común. Una pareja inscrita puede pactar sus relaciones personales y patrimoniales, incluso aplicando un régimen matrimonial, una sociedad o una comunidad de bienes, con los límites generales de los contratos; sin pacto, la ley autonómica puede prever pensiones periódicas o compensatorias en algunas comunidades, el reparto de los gastos comunes y derechos sobre la vivienda y el ajuar ^[4].

En la herencia, la diferencia es notable. Cataluña, Baleares, Galicia y el País Vasco equiparan por completo a los convivientes con los cónyuges en la sucesión, según Legálitas ^[4]. En otros territorios, las parejas inscritas obtienen derechos sobre el ajuar y el uso de la vivienda ^[4]. El trabajo de Zaragoza añade que, en la sucesión testamentaria, el conviviente puede ser heredero o legatario con los límites de las legítimas; en la intestada, el Código Civil no lo llama a heredar, salvo que lo prevea una ley autonómica; y no es legitimario, a diferencia del cónyuge viudo ^[2].

El régimen económico es otro punto de contraste. Las parejas de hecho no tienen un régimen económico matrimonial: los bienes adquiridos durante la unión pertenecen a quien los adquiere, salvo copropiedad. La disolución es informal, sin necesidad de trámite judicial ni de pensión compensatoria como la del artículo 97 del Código Civil ^[2]. En materia de arrendamientos, el conviviente puede subrogarse en el contrato conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos ^[2]. Y en el IRPF la diferencia es clara: la tributación conjunta está reservada a la unidad familiar formada por el matrimonio y sus hijos, de modo que los miembros de una pareja de hecho declaran por separado; solo uno de ellos puede formar con los hijos comunes una unidad familiar monoparental y tributar conjuntamente con ellos ^[14].

Los tribunales han insistido en que esta diferencia no es discriminatoria. La jurisprudencia constitucional, que el trabajo de Zaragoza resume en la STC 184/1990, justifica un trato diferente porque matrimonio y unión de hecho no son equivalentes ^[2]. Esa doctrina explica que el matrimonio conserve un estatuto propio que la pareja de hecho solo adquiere en la medida en que la ley autonómica o el pacto de los convivientes se lo concedan.

Para ver cómo se vive hoy esa convivencia, puede consultarse el artículo sobre convivir antes o en vez de casarse, que recoge las cifras del INE sobre uniones no matrimoniales.

¿Qué exige la pensión de viudedad a una pareja de hecho?

La pensión de viudedad exige, en general, acreditar la pareja de hecho mediante inscripción o documento público con al menos dos años de antelación al fallecimiento, y una convivencia de cinco años, salvo para las parejas con hijos comunes desde octubre de 2026. La exigencia de inscripción o documento público la estableció el entonces artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, hoy recogido en el artículo 221 del texto refundido, y el Tribunal Constitucional lo avaló en la sentencia 45/2014, de 7 de abril de 2014, que desestimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ^[3].

El Tribunal razonó que el requisito persigue una finalidad legítima, la de constatar el compromiso de convivencia por medios idóneos, necesarios y proporcionados, y que no vulnera el principio de igualdad. También distinguió el caso de la STC 199/2004, que se refería a un matrimonio, institución constitucionalmente garantizada, y no a una pareja de hecho ^[3]. Ese razonamiento es coherente con la doctrina de la STC 93/2013 sobre la no equivalencia entre ambas formas de convivencia.

La misma sentencia recuerda que el párrafo quinto del precepto, que remitía a la legislación autonómica de las comunidades con Derecho civil propio para definir y acreditar la pareja de hecho, ya había sido declarado inconstitucional y nulo por la STC 40/2014, por lo que la cuestión perdió objeto en ese punto ^[3]. Quedó así una regla estatal uniforme para la pensión, a diferencia de lo que ocurre en otros efectos de la pareja.

Además de la acreditación formal, el artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social exige una convivencia estable y notoria, acreditada con el empadronamiento, de al menos cinco años ininterrumpidos inmediatamente anteriores al fallecimiento ^[7]. La prueba de ingresos que existió entre 2016 y 2021 ya no figura en el texto vigente, según esa misma fuente ^[7].

El régimen cambió muy recientemente. El Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, aprobado ese día por el Consejo de Ministros, extiende la pensión a las parejas con hijos en común sin matrimonio ni inscripción, que solo deben acreditar dos años de convivencia estable y notoria; según un comentario especializado, entró en vigor el 21 de octubre de 2026 y prevé un plazo de doce meses para reclamar en fallecimientos anteriores ^[8][9]. Como las Cortes estaban disueltas desde el real decreto acordado por el Consejo de Ministros el 5 de octubre de 2026, que convocó elecciones generales para el 29 de noviembre ^[12], la convalidación de este decreto-ley corresponde a la Diputación Permanente del Congreso. A 8 de noviembre de 2026 no se ha podido confirmar que se haya producido, por lo que conviene comprobar su situación y su redacción en el BOE ^[11].

¿Cómo se inscribe una pareja de hecho?

Se inscribe ante el registro que prevea la normativa de cada comunidad autónoma, y los requisitos concretos varían según el territorio. Entre los rasgos habituales figuran la mayoría de edad y una convivencia estable; algunas comunidades piden un plazo mínimo, como los dos años de Cataluña y Aragón, y otras permiten sustituirlo por un hijo en común o por escritura pública ^[2].

La inscripción no es solo un trámite administrativo. En varias comunidades constituye el momento en que la pareja nace a efectos jurídicos y condiciona el acceso a derechos sucesorios, como ocurre en Galicia, Baleares, el País Vasco y Aragón ^[2]. En la Comunitat Valenciana, esos efectos civiles desaparecieron con la STC 110/2016, que anuló los artículos 6 a 14 de la Ley 5/2012 ^[13]. Tras la STC 93/2013, la constitución expresa de la pareja, y no la mera convivencia, es el criterio que mejor encaja con el libre desarrollo de la personalidad, según el estudio ya citado ^[2].

Las parejas no inscritas no quedan sin protección, pero deben acudir a las reglas generales: la prueba de la convivencia, la existencia de pactos y los principios de enriquecimiento injusto o comunidad de bienes ^[4]. Para la pensión de viudedad, en cambio, la inscripción o el documento público con dos años de antelación sigue siendo la regla general; solo las parejas con hijos comunes quedan, desde octubre de 2026, dispensadas de ella ^[3][8].

Antes de inscribirse o de formalizar un pacto, la pareja debe consultar la normativa de su comunidad. Los datos de este artículo son un panorama de Derecho comparado autonómico y no sustituyen el asesoramiento jurídico ni la consulta de cada registro.

Preguntas frecuentes

¿Tiene derecho a pensión de viudedad una pareja de hecho?

Sí, si cumple los requisitos de la Ley General de la Seguridad Social. Debe acreditar su condición mediante inscripción en un registro o documento público formalizado al menos dos años antes del fallecimiento, y cinco años de convivencia; el Tribunal Constitucional avaló esa exigencia en la STC 45/2014. Desde octubre de 2026, las parejas con hijos comunes solo necesitan dos años de convivencia.

¿Hereda la pareja de hecho sin testamento?

Depende de la comunidad. El Código Civil no llama al conviviente a la sucesión intestada, pero Cataluña, Baleares, Galicia y el País Vasco equiparan a los convivientes con los cónyuges en la herencia. En otros territorios, la pareja inscrita solo obtiene derechos limitados, como el ajuar o el uso de la vivienda.

¿Cuánto tiempo de convivencia se exige?

Depende de la comunidad. Cataluña exige más de dos años de convivencia ininterrumpida, o un hijo en común o escritura pública, y Aragón exige dos años de convivencia ininterrumpida o escritura pública; la inscripción en su registro solo produce efectos administrativos. Otras comunidades fijan requisitos distintos, y algunas no exigen plazo si se formaliza la pareja.

¿Es lo mismo pareja de hecho que matrimonio?

No. El Tribunal Constitucional afirmó en la STC 93/2013 que matrimonio y convivencia extramatrimonial no son realidades equivalentes. El matrimonio es una institución con protección constitucional y régimen estatal; la pareja de hecho carece de régimen económico propio y su estatuto depende de la ley autonómica o del pacto.

¿Existe una ley estatal de parejas de hecho?

No hay una ley estatal general que regule sus efectos civiles. Existen trece leyes autonómicas y registros en otras comunidades; a escala estatal solo hay normas sectoriales, como las de la pensión de viudedad. La STC 93/2013 recordó que las normas de conflicto de leyes corresponden al Estado.

¿Se disuelve una pareja de hecho con trámites judiciales?

No necesariamente. La disolución es informal, sin necesidad de sentencia ni de pensión compensatoria como en el divorcio. Si la pareja estaba inscrita, conviene comunicar la extinción al registro, y los efectos económicos pueden depender de los pactos o de la ley autonómica.