Casarse por la Iglesia en España: qué validez civil tiene

¿Qué establece el Acuerdo de 1979 sobre asuntos jurídicos?

El Acuerdo sobre asuntos jurídicos es un tratado entre el Estado español y la Santa Sede, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979, que regula, entre otras materias, el reconocimiento civil del matrimonio canónico. El Boletín Oficial del Estado lo publicó como instrumento de ratificación el 15 de diciembre de 1979 (número 300), y entró en vigor el 4 de diciembre de ese año, con el canje de los instrumentos de ratificación ^[1].

El artículo VI es el que importa para el matrimonio y tiene tres apartados. El primero reconoce efectos civiles al matrimonio celebrado según el derecho canónico y fija la regla de inscripción. El segundo trata de las declaraciones de nulidad dictadas por los tribunales eclesiásticos y de las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado. El tercero recoge la voluntad de la Santa Sede de reafirmar el valor permanente de su doctrina matrimonial y de recordar a los contrayentes su obligación de respetar las normas canónicas y sus propiedades esenciales ^[1].

El Acuerdo no sustituyó al Código Civil, que sigue regulando las formas de celebrar el matrimonio. Llegó después de que, a finales de 1978, una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, fechada el 26 de diciembre y publicada en el BOE del 30, abriera el matrimonio civil a cualquier persona sin investigar sus creencias, y vino a fijar por tratado el reconocimiento civil del matrimonio canónico ^[3].

Cronología

1. 1564Felipe II admite el 12 de julio la legislación matrimonial de Trento como ley del Reino.
2. 1870La Ley de Matrimonio Civil del 18 de junio impone el matrimonio civil a todos, también a los católicos.
3. 1875Decretos de enero y febrero devuelven efectos civiles al matrimonio canónico; el civil queda para quienes declaran no ser católicos.
4. 1889El Código Civil (art. 42) establece dos formas de matrimonio, la canónica y la civil.
5. 1932La Ley de Divorcio del 2 de marzo y, según el estudio de referencia, la de Matrimonio Civil del 28 de junio: solo se reconoce el matrimonio civil y se admite el divorcio.
6. 1958Reforma del Código Civil: quien tenga al menos un contrayente católico debe casarse canónicamente.
7. 1978-1979Instrucción del 26 de diciembre de 1978 que abre el matrimonio civil sin indagar creencias; Acuerdo con la Santa Sede el 3 de enero de 1979, en vigor el 4 de diciembre.
8. 1981La ley del 7 de julio introduce el divorcio en España.

¿Cómo llegó España al sistema actual?

España llegó al sistema actual tras varios cambios de modelo entre 1564 y 1981, en los que el matrimonio canónico fue unas veces obligatorio, otras opcional y una vez, entre 1932 y 1938, no reconocido por el Estado. Felipe II admitió por real cédula del 12 de julio de 1564 la legislación matrimonial del Concilio de Trento como ley del Reino, y la Novísima Recopilación de 1806 la recoge ^[3]. Desde entonces, dice el estudio de José Luis Sánchez-Girón Renedo, resulta más claro que no existía matrimonio civil para quienes estaban sometidos al derecho canónico ^[3].

El primer giro llegó con la Ley de Matrimonio Civil del 18 de junio de 1870, que convirtió el matrimonio civil en obligatorio para todos, también para los católicos ^[3]. En enero y febrero de 1875, unos decretos devolvieron efectos civiles al matrimonio canónico y reconocieron como legítimos a los hijos de matrimonios solo canónicos, y una real orden del 27 de febrero limitó el acceso al matrimonio civil a quienes declararan no pertenecer a la Iglesia católica ^[3]. El Código Civil de 1889 (art. 42) estableció dos formas, la canónica, que debían contraer quienes profesaran la religión católica, y la civil ^[3].

La Segunda República invirtió el modelo. La Ley de Divorcio del 2 de marzo de 1932 admitió la disolución del matrimonio ^[9] y, según el estudio de Sánchez-Girón Renedo, una ley de matrimonio civil del 28 de junio de ese año reconoció solo el matrimonio civil ^[3]; en 1938 la zona nacional restableció la situación anterior; una orden de 1941 exigió prueba documental de no profesar el catolicismo, o una declaración jurada de no haber sido bautizado, para poder casarse por lo civil ^[3]. En 1958 se reformó el artículo 42 del Código Civil: el matrimonio debía contraerse canónicamente cuando uno al menos de los contrayentes profesara la religión católica ^[3].

El proceso de apertura comenzó con la Ley de Libertad Religiosa de 1967 y se completó en 1977 y 1978, cuando bastó una declaración expresa ante el encargado del Registro y, finalmente, ni siquiera eso ^[3]. El Acuerdo de 1979 y la ley del 7 de julio de 1981, que introdujo el divorcio, cerraron la etapa ^[3]. Para el episodio republicano puede consultarse Del divorcio de 1932 al de 1981: una historia interrumpida.

¿Cuándo produce efectos civiles el matrimonio canónico?

El matrimonio canónico produce efectos civiles desde el momento de su celebración y no desde su inscripción. El artículo VI.1 del Acuerdo lo dice con una frase breve: los efectos civiles del matrimonio canónico se producen desde su celebración ^[1]. La inscripción en el Registro Civil es la condición para su pleno reconocimiento, no el origen de su validez civil.

La distinción tiene consecuencias prácticas. Mientras el matrimonio no está inscrito, los esposos ya son cónyuges para el derecho civil, pero pueden tener dificultades para probarlo frente a terceros, por ejemplo ante un banco o una administración. El protocolo final del Acuerdo pide al Estado regular la protección de los derechos de los terceros de buena fe mientras no exista inscripción ^[1]. Es decir, el derecho español contempla el caso de que el matrimonio exista y no conste en el Registro.

Ese régimen se complementa con las normas del Código Civil. Las formas de celebración del matrimonio civil y religioso se regulan en sus artículos 49 y siguientes, reformados por la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015, cuyo preámbulo indica que la reforma amplió las autoridades ante las que puede celebrarse el matrimonio civil y reconoció la posibilidad de celebrar matrimonio religioso con efectos civiles a las confesiones con declaración de notorio arraigo ^[7]. El texto consolidado de esos artículos no ha podido contrastarse para este artículo, por lo que se describe aquí solo su contenido general.

¿Cómo se inscribe en el Registro Civil?

La inscripción se practica presentando la certificación eclesiástica del matrimonio, que basta para el asiento, según el propio artículo VI.1 ^[1]. Esa regla evita una segunda ceremonia civil o un expediente propio, y el protocolo final del Acuerdo la completa con una obligación de gestión: el sacerdote entrega a los esposos la certificación eclesiástica y el párroco debe trasladar el acta al Registro Civil en cinco días ^[1].

En la práctica, el traslado lo hace la parroquia, y si por alguna razón no se hubiera hecho, la certificación eclesiástica sigue siendo el documento que acredita la celebración. La inscripción presupone que el matrimonio se celebró conforme al derecho canónico; cómo controla hoy el Registro Civil otros posibles obstáculos, como un matrimonio anterior no disuelto, depende de la legislación registral vigente, que no ha podido verificarse para este artículo.

La inscripción tiene un valor probatorio y de publicidad. Permite acreditar el estado civil, acceder a prestaciones o a derechos hereditarios y poner en marcha, si llega el caso, un divorcio o una separación ante los tribunales civiles. Las parroquias conservan además sus libros de matrimonios, que descienden de los que impuso el Concilio de Trento, como explica Trento y el fin del matrimonio clandestino: el decreto Tametsi.

¿Cómo entiende la Iglesia el matrimonio?

Para la Iglesia católica, el matrimonio es una alianza por la que un varón y una mujer constituyen un «consorcio de toda la vida», ordenado al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos, y que entre bautizados Cristo elevó a sacramento (Catecismo, n. 1601) ^[2]. El Catecismo añade que no es una institución puramente humana, pues su origen está en el Creador (n. 1603) ^[2]. Es la base doctrinal que el artículo VI.3 del Acuerdo recuerda.

El consentimiento es el elemento que hace el matrimonio, y sin él no existe; debe darse libremente, sin violencia ni temor grave, y ningún poder humano puede sustituirlo (nn. 1626 y 1628) ^[2]. Quien recibe el consentimiento en nombre de la Iglesia es el sacerdote o el diácono, con testigos que muestran el carácter eclesial de la unión (n. 1630), y el Catecismo explica que la Iglesia exige la forma eclesiástica por su carácter litúrgico, por los derechos y deberes que crea, por la necesidad de certeza sobre el estado de vida y por la protección pública del «sí» (n. 1631) ^[2].

El vínculo, una vez válido y consumado entre bautizados, se considera perpetuo y exclusivo, y la Iglesia afirma que no tiene poder para disolverlo (nn. 1638 y 1640) ^[2]. En caso de convivencia imposible admite la separación física, pero los cónyuges siguen casados ante Dios y no son libres para contraer una nueva unión (n. 1649) ^[2]. Aquí aparece la primera diferencia con el derecho civil, que permite el divorcio desde 1981.

¿Qué efectos civiles tienen las nulidades eclesiásticas?

Una declaración de nulidad dictada por un tribunal eclesiástico tiene eficacia civil solo si, a instancia de cualquiera de las partes, el tribunal civil competente la declara ajustada al derecho del Estado ^[1]. El artículo VI.2 del Acuerdo establece esa misma regla para las decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado. No es, pues, una consecuencia automática, y dos personas pueden estar libres para la Iglesia y seguir casadas ante el Estado mientras no se produzca ese reconocimiento.

Para la Iglesia, la nulidad significa que el matrimonio nunca existió, por concurrir una causa que lo invalida, y deja a los contrayentes libres para casarse, sin perjuicio de las obligaciones naturales derivadas de la unión anterior (n. 1629) ^[2]. Es una vía distinta del divorcio civil. El motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, del papa Francisco, fechado el 15 de agosto de 2015 y en vigor desde el 8 de diciembre de ese año, simplificó el proceso: ya no se exige una doble sentencia conforme, basta una sola en favor de la nulidad para que sea ejecutiva, y se creó un proceso más breve ante el obispo cuando la nulidad es manifiesta ^[6].

El procedimiento español para homologar esas sentencias en el orden civil y su frecuencia actual no se han podido verificar en las fuentes consultadas. Quien necesite orientación concreta debe acudir a un abogado o al Registro Civil, porque este texto describe el marco general y no constituye asesoramiento jurídico.

¿Qué diferencias quedan entre matrimonio civil y religioso?

Las diferencias se refieren sobre todo al divorcio, a la nulidad y a las personas que pueden casarse. El matrimonio civil español puede disolverse por divorcio, y el artículo 44 del Código Civil dispone, desde la Ley 13/2005 del 1 de julio, que el matrimonio tiene los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes son del mismo o de distinto sexo ^[8]. En 2024, el Instituto Nacional de Estadística contabilizó 7 336 matrimonios entre personas del mismo sexo, el 4,2 % del total ^[4]. El matrimonio canónico, en cambio, solo contempla la unión de un varón y una mujer y no admite el divorcio ^[2].

La proporción de bodas religiosas ha bajado con fuerza. El INE registró 175 364 matrimonios en 2024, un 1,7 % más que en 2023, con datos definitivos ^[4]. La Memoria de actividades de la Iglesia católica de ese año, elaborada por la Conferencia Episcopal Española, cifra en 31 462 las bodas católicas, frente a las 33 500 de 2023, un descenso del 6,08 % ^[5]. La relación entre ambas cifras, que proceden de fuentes con criterios distintos, apunta a que menos de una de cada cinco bodas fue católica, es decir, un cálculo propio aproximado de alrededor del 18 %.

Otras confesiones también pueden celebrar matrimonios con efectos civiles cuando cuentan con declaración de notorio arraigo, según el preámbulo de la Ley de Jurisdicción Voluntaria ^[7]. La coexistencia de ambos sistemas es, así, una opción de los contrayentes y no una exigencia: pueden celebrar solo el acto civil, solo el religioso con efectos civiles, o ambos. Sobre la pareja que decide no casarse, véase Vivir en pareja sin casarse: el marco legal de las parejas de hecho.

Preguntas frecuentes

¿Hay que casarse también por lo civil si te casas por la Iglesia?

No. El matrimonio canónico produce efectos civiles desde su celebración, según el artículo VI.1 del Acuerdo de 1979, y no exige una segunda ceremonia. Para su pleno reconocimiento basta inscribirlo en el Registro Civil con la certificación eclesiástica ^[1].

¿Qué pasa si no se inscribe el matrimonio canónico?

El matrimonio sigue produciendo efectos civiles, pero no tiene pleno reconocimiento y puede ser difícil probarlo ante terceros. El protocolo final del Acuerdo pide proteger los derechos de los terceros de buena fe mientras no se inscriba, y obliga al párroco a trasladar el acta al Registro en cinco días ^[1].

¿Tiene efectos civiles una nulidad eclesiástica?

Solo si un tribunal civil competente la declara ajustada al derecho del Estado, a instancia de cualquiera de las partes (art. VI.2). Sin ese reconocimiento, la nulidad dictada por un tribunal de la Iglesia produce efectos religiosos, pero no cambia el estado civil de los esposos ^[1].

¿Desde cuándo existe el matrimonio civil en España?

Existe desde la Ley de Matrimonio Civil del 18 de junio de 1870, que lo hizo obligatorio para todos. Después hubo varios cambios, con el sistema de dos formas del Código Civil de 1889, la ley de 1932 y la reforma de 1958, hasta el Acuerdo de 1979 ^[3].

¿Cuántas bodas se celebran por la Iglesia en España?

En 2024 se celebraron 31 462 bodas católicas, según la Memoria de actividades de la Conferencia Episcopal, frente a 33 500 en 2023. El INE registró 175 364 matrimonios en total, por lo que las católicas fueron aproximadamente el 18 % (cálculo propio) ^[4][5].

¿Pueden casarse con efectos civiles otras confesiones religiosas?

Sí, las que tengan declaración de notorio arraigo, según el preámbulo de la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015. Las condiciones exactas deben consultarse en el texto consolidado del Código Civil y en la normativa registral ^[7].